La fiscal del Distrito Nacional ha negado que los papeles sobre un supuesto acuerdo entre el Ministerio Público y la reclusa Sobeida Félix Morel figuren en los archivos de ese despacho como afirma el anterior titular, Alejandro Moscoso Segarra, un extraño caso de pérdida de un expediente que parece estar en todas y en ninguna parte.

Al contradecir al hoy juez de la Suprema Corte de Justicia, la magistrada Yeni Berenice Reynoso dice que es falso que le entregaran el legajo de ese convenio o que reposara en los archivos de la Fiscalía, pero también afirmó que ese acuerdo nunca fue judicializado por lo que no cumple con la normativa procesal porque no ha sido refrendado por un juez.

Aun así, la fiscal promete que si aparece el original de ese expediente cumpliría con lo acordado por la señora Félix Morel, condenada a cinco años de prisión por lavado de activos, cuyo contenido no debería conocer en razón de que alega que oficialmente no ha recibido esos papeles.

La reclusa exige que la Fiscalía cumpla su parte del arreglo que consistirá en no oponerse a la solicitud de libertad condicional de la impetrante, quien ya purgó la mitad de la sentencia, pero el principio de indivisibilidad del Ministerio Público no podría operar porque la fiscal dice que no tiene constancia en firme de ese pacto.

¿Acaso ese expediente desapareció de los archivos de la Fiscalía? ¿O nunca fue depositado? ¿O lo que encontró la fiscal Reynoso fueron copias y no los papeles originales? ¿Quién miente? ¿Dónde está el error?

Llama la atención que la procuradora fiscal sostiene que ese acuerdo no cumple con lo establecido por el Código Procesal Penal, pero que a pesar de eso estaría dispuesta a cumplirlo, con lo que confiesa que se aprobaría un documento de naturaleza irregular.

El pedido de libertad condicional es un derecho que tiene cualquier recluso que crea cumple con las formalidades de ley, aunque en el caso de Sobeida Félix Morel, el extraño acuerdo con el Ministerio Público, incluyó promesa de solicitar en el juicio de fondo una pena mínima de cinco años y de no oponerse a un posterior pedido de excarcelación, a cambio de que la imputada identificara bienes a confiscarse y revelara datos relacionados a narcotráfico y lavado de dinero.

La pregunta más imperativa en todo este embrollo debería ser ¿qué se oculta o que no se quiere divulgar de ese acuerdo? ¿Por qué la fiscal dice que no sabe lo que sabe? Y ¿por qué el anterior titular insiste en que dejó los papeles en su lugar? El procurador general actual y el anterior deberían encender la luz.