El escándalo sobre las abusivas alzas en las tarifas de los colegios privados ha sacado a relucir que también esos centros, como los transportistas, las clínicas y otros negocios, son subsidiados por el Gobierno. No tiene la misma connotación el caso de la electricidad, pues, a fin de cuentas, se trata de un soporte a empresas públicas.

En honor a la verdad, los subsidios han sido siempre cuestionados. En lugar de un estímulo para satisfacer necesidades que no puede suplir el Estado, se han convertido en una sangría para el Presupuesto, en unos casos, y en otros en un verdadero negocio para sus beneficiarios.

El conflicto desatado por los aumentos en las tarifas de los colegios, universidades y las clínicas privadas es para que el Gobierno revise las subvenciones que otorga a esos centros, recursos que muy bien puede utilizar para mejorar la enseñanza pública, a todos los niveles, y las condiciones de los hospitales. Los beneficios, si es que existen, no se corresponden con la inversión.

Pero por el monto el Gobierno debe revisar su política de subsidios. Cifras del Ministerio de Hacienda dan cuenta de que desde 2005 a la fecha la electricidad, el transporte público, el gasoil, el bonogás chofer y el bonogás hogar se han tragado, sin incluir el gas licuado de petróleo, la friolera de 172,973 millones de pesos.

Sin duda que algunas erogaciones encuentran justificación, pero otras etiquetan la deficiencia que ha caracterizado a importantes servicios. Uno de los argumentos más sobados sobre la capitalización de la empresa pública fue la eliminación de esas subvenciones que drenan el Presupuesto.

Hoy resulta altamente cuestionable que el Gobierno subsidie generosamente clínicas, colegios y universidades que abusan, hasta con prepotencia, de los consumidores. Es el mismo caso de los transportistas de carga y pasajeros a quienes frecuentemente se tiene que aumentar la asignación para evitar que suban los pasajes.

Todo eso ocurre mientras las escuelas y los hospitales públicos languidecen y los servicios, como el de la Oficina Metropolitana de Autobuses (Omsa), son cada día más precarios por falta de recursos. Bien vista, la distorsión puede ser por partida doble. Puede darse por descontado que ninguno de esos sectores resultará afectado por el recorte presupuestario de un 12% que se ha anunciado para conjurar el déficit fiscal como parte del compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Como lo demasiado hasta Dios lo ve, los abusos con las alzas son para que el Gobierno revise una política que, por cierto, resulta bastante onerosa para el contribuyente.