El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aprobado la Carta de Intención correspondiente a la Quinta y Sexta revisiones del Acuerdo Stand by firmado con Republica Dominicana en noviembre de 2009, lo que representa un gran alivio para el Gobierno que recibirá de inmediato 348 millones de dólares de un paquete de US$1,100 millones.

Aunque esa aprobación se daba por segura después del paquetazo fiscal y de la promesa de transferir en su totalidad el incremento de los combustibles a la tarifa eléctrica, una negativa del FMI o posposición de esa revisión se traduciría en catástrofe financiera y económica por lo que esta aquiescencia garantiza un relativo sosiego en los indicadores básicos de la economía.

El FMI ha aceptado las reiteradas dispensas del Gobierno por el incumplimiento en las metas de reducir los déficit de la Corporación de Empresas Eléctricas y Estatales (CDEEE), del sector público y de la cuenta corriente de la balanza de pagos, cuestión que atribuyó al incremento en los precios del petróleo y alimentos y a la reducción de las recaudaciones.

La continuidad de ese acuerdo oxigena al Gobierno, que podría colocar ahora los 500 millones de dólares en bonos que gestiona ante tenedores internacionales, además de recibir 132.5 millones de dólares para consolidación presupuestal.

Aun así, es menester advertir que el FMI ha endurecido sus exigencias sobre desempeño de la economía, quizás motivado por las constantes inobservancias en áreas tan vitales como el Gasto Público, por lo que no es exagerada la expresión acuñada por el profesor Juan Bosch de que la población lloraría lágrimas de sangre a causa de ese tipo de acuerdos.

Después del brindis por la continuidad del convenio con el FMI, el Gobierno debería esta vez cumplir su promesa de aplicar un efectivo programa de austeridad, que incluya la reducción de nóminas parasitarias, gastos superfluos, corrupción o dispendio y de mejor distribución de panes y peces.

La mentada tarifa técnica exigida por el FMI no debería condenar a la población y al sector productivo a pagar más por apagones, sino una excelente oportunidad para transparentar los roles de todos los intervinientes en el sector eléctrico, por vía de revisión de contratos definidos como viles.

La prolongación del Acuerdo Stand by, aprobado por el Directorio del FMI, se asume como mal, porque la otra opción sería lanzar a la economía por el precipicio de una peor crisis que seguramente desembocaría en el pantano de la ingobernabilidad política.