El Congreso tiene el complicado reto de garantizar sobrevivencia e integridad de la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), cuyas jerarquías y preeminencias en la lucha contra la delincuencia y criminalidad quedarían diezmadas en el controversial proyecto de reforma de ambas instituciones propuesto por el Poder Ejecutivo.

Los redactores de ese proyecto parten del criterio de que la Policía Nacional es un cuerpo completamente hipertrofiado que requiere ser desmantelado y sobre sus escombros erigir uno que en forma y fondo reproduzca experiencias de otras latitudes, inaplicables aquí por múltiples razones, pero que quienes acostumbran a pensar en otro idioma creen que República Dominicana puede ser laboratorio para todo tipo de engendro.

No se entiende la razón por la cual en ese proyecto de ley se cambia el nombre al jefe de la Policía por el de director general, como si ese fuera un problema de vida o muerte para esa institución, o quizás se procura disminuir la autoridad que sobre otros poderes ocultos tendría el titular policial.

La Policía y la DNCD, por mandato constitucional fungen como auxiliares de la justicia y actúan bajo la fiscalización del Ministerio Público. ¿Por qué, entonces, se quiere ahora que la agencia antidroga sea dependencia administrativa directa de la Procuraduría General de la República? ¿Cuál es el propósito?

Una reforma policial efectiva e integral debería comenzar por reivindicar la dignidad, capacidad y calidad jurídica de la institución que incluiría la identificación de fuentes de financiamiento para su equipamiento y mejoría de salarios y condiciones laborales en favor de sus miembros, que deberían ser evaluados a los fines de expulsar manzanas en estado de descomposición.

En vez de eso, la pretendida reforma policial procura disminuir su incidencia y rol en la prevención y persecución de crímenes y delitos, que estaría bajo control de una compleja burocracia de naturaleza civil, tan vulnerable a la corrupción y deficiencia como la institución que se pretende reformar. ¿Acaso con solo exigirle a un general una declaración jurada de bienes se conjura la corruptela policial?

¿Por qué desmantelar la estructura de dirección de la DNCD? ¿Acaso esa institución no ha recibido los mayores elogios de sus pares de Estados Unidos? ¿Cuál sería la ventaja de disminuir esa agencia al rol de un departamento de la Procuraduría General?

Se insiste en advertir que el Poder Legislativo no puede esta vez operar como caja de resonancia de intereses subterráneos, porque esta vez lo que está en riego de virtual desmantelamiento son las instituciones básicas de prevención y combate contra la delincuencia y la criminalidad, que por vía de ese proyecto de ley se procuran convertir en entes infuncionales bajo el tutelaje de tecnócratas al servicio de grandes metrópolis.