Gobierno y empresas generadoras de electricidad mantienen un debate en torno a la solución posible de la dilatada crisis del sector eléctrico, porque las autoridades apuestan a promover el incremento de la producción de energía, pero los generadores creen que el remedio es aumentar cobranza y reducir pérdidas.

El sector privado que incursiona en el negocio de generación eléctrica objeta la decisión oficial de incursionar en la generación de electricidad, pero rehúsa también que se realice una revisión de la base legal que sustenta sus operaciones, así como de la fórmula utilizada para calcular el precio del kilovatio-hora.

Esos consorcios admiten que el sector eléctrico posee una capacidad instalada de tres mil megavatios, con una disponibilidad de 2,200 megas y una demanda de 2,100, lo que indica que el sistema carece de capacidad para suplir en términos eficientes la demanda actual y menos aun si se incrementa la distribución, como han sugerido.

Se estima que la generación eléctrica debería incrementarse en más de mil megavatios para poder atender el requerimiento de electricidad al 2016, tope al que no se llegaría con la sola promesa de los operadores privados de instalar una planta de 300 megas en el consorcio Itabo.

No se entiende, entonces, el señalamiento de ejecutivos de esas empresas de que la iniciativa estatal de instalar al menos dos nuevas plantas de 300 megas cada una que operarían a base de gas natural y carbón vegetal, apenas reduciría el déficit de electricidad en un 10 o 15 por ciento. Y si así fuera, ¿por qué oponerse?

Se afirma que desde el año 2000, el progresivo cambio de matriz en la generación eléctrica ha permitido ahorro al país por 600 millones de dólares, pero se oculta el dato de que desde 2012, el Gobierno ha transferido al sector generador de electricidad casi dos mil millones de dólares para suplir déficit de operación.

El sistema de generación eléctrica es deficitario, caro e insostenible, que requiere la construcción de nuevas plantas y el cambio radical de su matriz para un mayor uso de gas natural y carbón, en vez de derivados fósiles, aunque se admite la imperiosa necesidad de aumentar la cobranza, cuestión que se lograría con mayor rapidez si se revisan los factores que inciden en el precio del kilovatio.

Es verdad que el Gobierno tendrá que intervenir de manera radical a las empresas distribuidoras para reducir pérdidas, pero no se puede pretender que las autoridades sean indiferentes al hecho cierto de que la composición global de la industria eléctrica en términos de contratos con generadores y productores independientes y por el déficit de generación es imposible de sostener o sustentar.

La manifiesta intención de pretender que la crisis eléctrica se reduce a la clásica controversia de quién fue primero, si la gallina o el huevo, parece una burda estrategia para que todo siga igual o empeore y que, como ha sido siempre, Gobierno y consumidores carguen con los platos rotos.