Los abogados puertorriqueños que dicen representar a la familia de José David Figueroa Agosto rechazan que esté vinculado a una red de narcotraficantes y señalan que la condena a 209 años que le impuso una Corte boricua fue por asesinato, secuestro y violación a la ley de armas.

Es claro que ese equipo de juristas realiza una labor de relaciones públicas en favor del prófugo requerido por la justicia dominicana y estadounidense, aunque ha centrado su alegato en rechazar la acusación de narcotraficante que se imputa a Figueroa Agosto.

No resulta fácil presentar como un angelito, a un reo condenado en Puerto Rico a más de dos siglos de cárcel y fugado de una prisión federal.

A pesar de ese fardo delictuoso, los abogados afirman que Figueroa Agosto no está acusado ni ha sido condenado por narcotráfico en Puerto Rico.

Desmentir o confirmar lo dicho por esos juristas resulta irrelevante porque de lo que se trata es de identificar el tipo de violación a la ley penal dominicana que se atribuye a ese justiciable.

A decir verdad, la Fiscalía ni la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) han precisado en cuáles casos de tráfico o contrabando de drogas se involucra a Figueroa Agosto.

Lo que se sabe es que el 4 de septiembre del 2009, las autoridades decomisaron 4.6 millones de dólares dentro de una yipeta en el estacionamiento de un edificio de apartamento, en La Esperilla.

Las autoridades han señalado que el vehículo y el dinero pertenecían a Figueroa Agosto y a su compañera Sobeida Féliz Morel, también prófuga de la justicia.

La Fiscalía ha solicitado prisión contra varias personas acusadas de lavado de dinero proveniente de la actividad de narcotráfico que presuntamente se atribuye a Figueroa Agosto.

Ante los alegatos de esos juristas, se requiere que la Fiscalía presente las evidencias que sustenten la acusación de que Figueroa Agosto forma parte de una red de narcotraficantes.