Santo Domingo.- Más de 200 mil personas fueron explotadas sexualmente en el país entre los años 2003 a 2019, de los cuales sólo 1% acuden a realizar denuncias ante las autoridades, según el procurador de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Jonathan Baró Gutiérrez.

Dijo que esto ocurre por las debilidades institucionales, la falta de recursos, entre otras acciones relacionadas con el desarrollo de políticas públicas que permitan hacer frente a la explotación sexual.

Expresó que la falta de acción de las autoridades para sancionar la trata en el año 2020 el país fue colocado en la lista de vigilancia del Nivel 2, por ser una de las naciones que no satisfacen plenamente las normas para la eliminación de la trata de personas, pero que están dando importantes pasos para lograrlo.

El magistrado Baró habló en el taller “Riesgo Institucional del Crimen Organizado y la trata de Personas”, el cual fue impartido por el movimiento cívico, Participación Ciudadana, en coordinación con la Asociación de Hoteles del Este (ASOLESTE), la Fundación Sueño Amazona, la Asociación Mutua de Servicios Solidarios (AMUSSOL), llevó a cabo en el Distrito Turístico Verón-Punta Cana.

El taller tuvo como objetivo, profundizar sobre las conductas asociadas a la trata de personas, la mecánica que utilizan los tratantes y grupos delictivos organizados para la comisión del delito, y cómo utilizan la corrupción para la facilitación del delito y evitar la persecución penal.

El mismo se desarrolló en el marco de las acciones del proyecto CRIMJUST, destinado a fortalecer la cooperación en materia de investigación y justicia penal, para lograr una acción eficaz en casos de delincuencia organizada transnacionalmente.

De acuerdo con los testimonios presentados, algunas de las personas expuestas ante la trata y explotación sexual, son iniciadas en las drogas, como un mecanismo que permita a las víctimas soportar las diversas acciones a las que son forzosamente sometidas.

De estos, resalta el Procurador, que muchos son menores de edad comercializados a través de sus padres por dinero, mientras que otros, entre 800 mil y 4 millones, son engañados para luego ser convertidos en esclavos sexuales, según estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), destacó Baró.

En la capacitación participaron, además miembros de la Policía Nacional; del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani); del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur); del Ministerio de Trabajo; la organización Plan International; fiscales y demás entes relacionados a la profesión del Derecho y otras áreas gubernamentales a nivel provincial.