Los testimonios en pleno proceso sobre los sobornos de Odebrecht de Andrés Bautista y Víctor Díaz Rúa despejan cualquier duda sobre la burda politización del caso. De por sí podía asumirse que bastaba con las exclusiones y confesiones relegadas como las del exministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, excluido del expediente, quien declaró que en dos ocasiones había recibido aportes de la constructora para las campañas electorales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Díaz Rúa ha reiterado que pertenecen a la organización los recursos que según la Procuraduría General de la República recibió por la adjudicación de varias obras a la compañía brasileña.
En el caso de Bautista llama la atención que el Ministerio Público fundamente su sometimiento tanto en el incremento de su patrimonio como en delaciones de los ejecutivos de Odebrecht, Ernesto Viera Bairdi y Marco Antonio Vasconcelos Cruz, quienes identificaron al exsenador, en cuya gestión solo se aprobaron préstamos para tres de las 17 obras adjudicadas, como una persona clave para los financiamientos.
En los mismos términos se expresaron sobre el expresidente de los diputados, Alfredo Pacheco, pero a este se le excluyó del expediente porque las pruebas no eran suficientes para imputarlo.
No hay que establecer comparaciones con otros países, sino que basta con circunscribirse a la realidad para darse cuenta de las razones que desacreditan el proceso. Al rubricar el acuerdo de lenidad a través del cual la constructora asumió pagar una multa de 184 millones de dólares en varias cuotas y aportar las pruebas sobre los sobornos, el Ministerio Público defendió la transacción como el paso más extraordinario que se había dado en América Latina, recibiendo incluso, según dijo, reconocimientos sobre las investigaciones para establecer responsabilidades. Pero en Perú, por ejemplo, por los 32 millones de dólares que admitió haber pagado en sobornos, la empresa indemnizará al Estado con 228 millones por incurrir en corrupción en solo cuatro obras.
En República Dominicana, donde hasta operó la oficina de Odebrecht para pagar sobornos en varios países, las evidencias demuestran que tanto en las investigaciones como en los sometimientos se ha recurrido a la selectividad antes que a la imparcialidad, evidenciándose que ni son todos los que están ni están todos los que son.
Lo mismo que Andrés Bautista, quien demostró que contratos de préstamos que se le atribuyen no fueron conocidos bajo su gestión en el Senado, Díaz Rúa señaló que adendas por 221 millones de dólares para los acueductos Samaná y Hermanas Mirabal, por las que habría recibido sobornos, se rubricaron en las administraciones en el Inapa de Frank Rodríguez, Mariano Germán Mejía, Alberto Holguín y Horacio Mazara. ¿Más palabras? No parece que sea necesario.
