Si lo que comienza mal no puede terminar bien, el juicio por los sobornos de Odebrecht está condenado a un estrepitoso fracaso.

El curso del proceso ha confirmado que en lugar de buscar pruebas para sustentar el expediente, el Ministerio Público se decantó, por razones políticas, a seleccionar culpables. En su afán por salvar las apariencias los fiscales, algunos de los cuales participaron en el espectáculo protagonizado por el saliente procurador general Jean Alain Rodríguez, no han hecho más que el ridículo.

Es difícil concebir que en un proceso de tanta trascendencia el Ministerio Público pretendiera sustentar sus acusaciones en delaciones premiadas en lengua extranjera, que el tribunal no podía aceptar de ninguna manera.

Ante el papelazo el director de la Procuraduría Especializada de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, alegó, pero sin presentar la menor evidencia, que el documento estaba traducido al español, pero que fue manipulado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia. Que se permita conocer las confesiones traducidas de Marcelo Odebrecht y Marco Vasconcelos Cruz tampoco significa mucho de no aportar elementos fehacientes sobre los sobornos pagados aquí.

Como hizo en Brasil, Perú y otros países la constructora tiene que identificar a los sobornados y explicar el mecanismo que utilizó para los pagos ilícitos.

En la gestión de Jean Alain, el Ministerio Público podía cantar victoria por anticipado, pero el panorama ha cambiado. Los problemas con los testigos y la recusación de jueces por presunta imparcialidad han creada muchas reservas hasta sobre la lógica para demostrar la culpabilidad de los seis imputados.

La actual procuradora Miriam Germán Brito, que se abstuvo de participar en el juicio, ya había advertido cuando era juez de la Suprema Corte de Justicia que las pruebas que sustentan el expediente son tan endebles que ningún magistrado que se respete podía condenar a los encartados.

Los matices que se advierten en el juicio no presagian otro desenlace que no sea la impunidad del gigantesco escándalo de corrupción. Y si el caso de los 92 millones de dólares se atasca ni pensar entonces en que algún día se investigarán los 53.7 millones de dólares adicionales que según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación erogó la multinacional para siete obras que no figuran en el primer expediente y para la termoeléctrica Punta Catalina.

En muchos países, por intereses políticos, no se ha investigado los pagos ilícitos por la adjudicación y construcción de obras sobrevaluadas.

Aquí, en lugar de justicia el escándalo se utilizó para perseguir a opositores, encubrir sospechosos y montar un vergonzoso espectáculo.

Por: Luis Pérez Casanova

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