Desde hace mucho los tiempos han cambiado. Es lo que permite que oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía sean detenidos por escándalos de corrupción y otros estén en la mira por los mismos delitos. Pero a pesar de los avances la imagen de los cuerpos es la misma.

Aunque el Estado Mayor Conjunto dice a propósito de la Operación Coral que los cuerpos son sanos y están comprometidos con la misión que les corresponde, Esa no es la conducta demostrada por la inmensa mayoría de sus miembros. A todos no se les puede medir con la misma vara, pero los altos mandos se supone que no ignoran, a pesar de la irritante impunidad de que han gozado, que se les ve como corruptos en grado superlativo. Muchos oficiales activos y retirados son empresarios, dueños de cuantiosos bienes (no solo terrenos del CEA) difíciles de justificar con sus ingresos ordinarios.

Cuando Estados Unidos denunció que funcionarios civiles y militares protegían las operaciones criminales del mediático César Emilio Peralta (César el Abusador) la reacción de los organismos de inteligencia fue que al capo se le daba seguimiento desde hacía unos años. Resultó, sin embargo, que cuando se trató de capturarlo Peralta escapó como por arte de magia del gigantesco operativo policiaco-militar que se había montado. El fugitivo vino a ser capturado tiempo después en Colombia. El caso se cerró sin que se moviera una paja para identificar a los supuestos protectores.

Hoy, a propósito de la Operación Coral, que vincula a un mayor general, un coronel y otros o con un caso de corrupción que se decidió investigar, sorprendió, aunque no causara mayor revuelo, que se emitiera un comunicado, como si el suceso tuviera que ver con la soberanía o atentara contra la integridad de las instituciones militares, para defender su muy deteriorada imagen. En apariencia puede tratarse de una manera de desmarcarse de las acusaciones contra los imputados después de la contundente delación del mayor Raúl Girón Jiménez sobre la supuesta red encabezada por Adán Bonino Cáceres Silvestre y el patrimonio de los encartados. Es perceptible la inquietud entre los militares por el destape de la Operación Coral.

Eso de que ningún acusado encontrará cobijo en las instituciones castrenses cae por su propio peso. Maña fuera. Como los cuerpos armados darían una verdadera demostración de compromiso con la institucionalidad es si aprovechan el momento para iniciar una depuración y ponerse a disposición del Ministerio Público y de la Cámara de Cuentas para que investiguen sus operaciones. A pesar de lo alarmante de seguro que el caso de Cáceres Silvestre no sería el único que escandalizaría al país. Pero es mucho pedir.

Por: Luis Pérez Casanova
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