La soberanía popular es la expresión máxima del poder político, reside exclusivamente en el pueblo y, de ordinario, es delegada en sus representantes, servidores públicos que son mandatarios, pero también puede ser ejercida de forma directa por la misma gente, como ha ocurrido en San Juan de la Maguana.

En el caso de las pretensiones extranjeras de explorar y explotar recursos mineros en el proyecto denominado Romero, en la principal provincia del sur que ocupa parte importante de la cordillera Central, donde nacen los principales ríos de la isla, la presión y voluntad popular han vencido al interés económico.

El mensaje del presidente Luis Abinader, para detener el proyecto, tiene detalles relevantes sobre las intenciones de extraer riquezas de la provincia sanjuanera, al recordar que la concesión original es de 2005, con actualizaciones en 2010, 2015 y 2018, y que su gobierno continuó y ahora detuvo los trámites.

Sin embargo, reconforta que al margen de grupos de poder económico y político que han medrado siempre alrededor de estos propósitos, él haya tenido la sensibilidad de ser prudente y transparente, según sus palabras, en la “escucha con atención, respeto y responsabilidad” del sentir popular de rechazo al plan.

Este episodio rememora la presión social y movilización de masas, en 2009, de jóvenes empoderados e interconectados en las redes sociales de hace tres lustros, junto a organizaciones ambientalistas y científicas, que se opusieron a instalar una cementera en Gonzalo, dentro del parque nacional Los Haitises. El proyecto fue mudado, la juventud ganó y derrotó a “la opinión publicada”.

Hoy son otros tiempos, sin dudas, ahora con mayor poder de penetración e incidencia de “la opinión enRedada” (término propio) y también de necesidad de explotación racional y provechosa al interés colectivo, de recursos mineros con el menor daño posible y con responsabilidad, como manda la Constitución, (art. 67.4) de “restablecer el ambiente a su estado natural”, si es afectado.