El responsable del Centro de Asociaciones sin Fines de Lucro del Ministerio de Economía, Hernán Paredes, indicó este jueves que se va a modificar la entrega de recursos públicos a las ONGs y los actuales subsidios se convertirán en transferencias de recursos mediante convenios de gestión.

Paredes explicó que está línea de acción viene contemplada en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que busca fortalecer los sistemas de supervisión pública y privada para permitir el castigo de los delitos administrativos en el Estado y en las instituciones que reciben fondos públicos.

En este sentido, el director ejecutivo apuntó que a partir del año que viene «se comenzarán a hacer pilotos» para cambiar esa entrega de recursos públicos, ya que es complicado porque supone «cambiar una tradición y cultura de 80 años».

El Observatorio de Aplicación de la Ley 122-05 aseguró que se convertirá en una herramienta de control y evaluación de la efectividad con que todas las instancias público-privadas aplican las ordenanzas.

Paredes, también hizo hincapié en que para realizar este cambio y que la prestación de servicios a la comunidad sea la adecuada es necesario que las ONGs estén preparadas y cumplan con todos los requisitos de ley y las normativas.

Además, dijo que se observan debilidades importantes en la aplicación de instrumentos fundamentales como la habilitación o puesta al día de las mismas. No obstante, agregó que se está trabajando desde el Ministerio en mejorar y fomentar que se apliquen estos instrumentos.

El director ejecutivo manifestó su satisfacción porque en República Dominicana «se hacen muy buenas leyes».

Además, Paredes durante un seminario auspiciado por el Ministerio y Alianza ONGs, apuntó que es una responsabilidad exclusiva del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, organizar, racionalizar y sistematizar las relaciones entre el Estado y las asociaciones sin fines de lucro.

Por otro lado, sobre el Observatorio de Aplicación de la Ley 122-05 aseguró que se convertirá en una herramienta de control y evaluación de la efectividad con que todas las instancias público-privadas aplican las ordenanzas.