La diputada peledeísta Minou Tavárez se mantiene firme en su reclamo de que la Comisión de Ética de la Cámara Baja investigue a los legisladores que abusaron de la buena fe de sus compañeros para que aprobaran modificaciones al Código Procesal Penal con un contenido diferente al planteado. Entiende la representante del Distrito Nacional que “ese abuso de confianza para algo tan grave no puede quedar sin sanción”. Tavárez reitera que en el proyecto original aprobado por los diputados estaba contemplado el artículo 85 que faculta a los ciudadanos a querellarse contra funcionarios públicos.
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) declaró que esa denuncia de la diputada Tavárez no puede pasar desapercibida, porque implica un delito penal por parte de aquellos que hacen las leyes. El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Demóstenes Martínez, refutó las afirmaciones de Tavárez, alegando que eso fue dilucidado en el pleno.
Confirman
El vocero de los diputados reformistas, ingeniero Ramón Rogelio Genao y el diputado perredeísta Jorge Frías, confirmaron que las enmiendas aprobadas en el Código Procesal Penal no estaban contempladas en la pieza original que fue reintroducida. Al hablar por separado declararon que “ciertamente” lo sancionado dista mucho de lo que se comunicó a los diputados.
Dilema
Los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados con las observaciones por el Poder Ejecutivo al Código Procesal Penal, están en un dilema de mantener su posición de principios o dejarse arrastrar por la corriente popular que reclama restaurar en el artículo 85 la facultad de la ciudadanía de querellarse contra los funcionarios públicos que cometan actos de corrupción.
El doctor Reinaldo Pared Pérez y el licenciado Abel Martínez Durán votaron por la eliminación de ese artículo por entender que es inconstitucional.
Argumentan que la Carta Sustantiva establece el derecho de la población a la denuncia, no a la querella que definen como figuras jurídicas diferentes.
El Poder Ejecutivo anunció que devolverá el Código para que se rediscuta el artículo 85.
UN APUNTE
Reclamo
La sociedad civil, juristas, la fiscal del Distrito Nacional, y la oposición calificaron como grave que se haya eliminado el derecho de la ciudadanía querellarse contra funcionarios públicos por considerarlo una estocada en la lucha contra la corrupción.
