La cruzada contra la corrupción ha comenzado a mostrar unas aristas confusas. No parece casual la intervención de la Procuraduría General de la República, a través de sus instancias correspondientes, frente a escándalos como el de Lotería o el caso de la diputada del PRM por La Vega y familiares acusados de lavado de activos. Sobre todo de tomarse en cuenta que ruidosas investigaciones de supuestas anomalías que hace mucho que se iniciaron permanecen en una suerte de limbo.

La elección de Miriam Germán en la Procuraduría fue una auspiciosa apuesta de las nuevas autoridades, no solo por su muy reconocida independencia sino por la solvencia moral y profesional pública y privada. De ella solo se puede hablar bien, pero no así del equipo que la acompaña en la desafiante misión de convertir el Ministerio Público en un ente imparcial y equidistante de los sempiternos intereses políticos.

De escándalos heredados de pasadas administraciones todavía impunes el mejor ejemplo lo representa el caso del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi). Pero tampoco se sabe a qué altura están las investigaciones sobre el patrimonio de exfuncionarios como Diandino Peña o de las declaraciones juradas del senador Félix Bautista y de los expresidentes de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho y Lucía Medina.

Otros antiguos servidores han sido citados en múltiples ocasiones en torno a alegadas irregularidades, pero los resultados se desconocen. Salvo las operaciones Antipulpo y Coral las acciones relacionadas con antiguos servidores son una incógnita que ya plantea conjeturas. Más por lo diligente que se ha sido con las denuncias del presente. El caso del sector eléctrico, que no se ha comenzado a investigar, fue por una querella.

Los procuradores Yeni Berenice Reynoso, contra quien se ha denunciado un supuesto plan para ultimarla, y Wilson Camacho se han mostrado muy protagónicos.

De Yeni Berenice ha salido a colación que la propia Germán la censuró por archivar sin siquiera investigar, cuando se desempeñaba como fiscal del Distrito Nacional, una querella del presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, sobre unos aportes a la fundación del expresidente Leonel Fernández. Y Camacho es el mismo que bajo la gestión de Jean Alain Rodríguez participó en la investigación de los sobornos de Odebrecht, cuyo proceso también cuestionó Germán.

Cada quien es responsable de sus actos, pero lo demasiado hasta Dios lo ve. En la actual cruzada contra la corrupción asoma cada vez con más claridad lo que parece un carácter selectivo que de ninguna manera se puede desvincular de la trayectoria de sus protagonistas.

Por: Luis Pérez Casanova

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