Siempre se ha tenido el criterio de que la justicia es la cenicienta de los tres poderes del Estado, pues el Ejecutivo y el Legislativo tienen un holgado presupuesto, incluso disponen a su antojo de partidas económicas que les permiten maniobrar para beneficio propio, como es el caso de los legisladores que tienen ¨el barrilito¨ y ¨el cofrecito¨. El presidente de la República administra, a su discreción, cuantiosos recursos en una cuenta a su discreción.

El Poder Ejecutivo no cumple con el mandato legal de asignar el 2. 66% de los ingresos del Estado como establece la ley 194-04. Tampoco ejecuta el porcentaje que debe erogar, por disposiciones legales, a los ministerios de Salud Pública y de Cultura. El Estado debería ser el ejemplo de no violar normativas vigentes, puesto que el denominador común es que los dominicanos somos proclives a cometer infracciones dentro de la clasificación tripartita de las mismas.

Sería mezquino negar que el presidente Danilo Medina presta oído a determinados reclamos de la sociedad. Y por esa actitud, seria plausible que ajustara sus actuaciones al cumplimiento de la ley que regula los renglones presupuestarios del Poder Judicial, de la Salud Publica y del área cultural.

Los jueces no pueden impartir justicia en locales, donde prevalece el hacinamiento y la mugre. Hay que recordar que un abogado hipertenso murió, en el furgón donde funciona un tribunal del Distrito Judicial de la provincia de Santo Domingo.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano German Mejía, retrató un panorama penoso de cómo los jueces desenvuelven sus actividades en locales alquilados. En total, hay 133 casas y edificaciones rentadas, lugares funcionan tribunales de diversas jurisdicciones, incluyendo cortes de apelación con tribunales colegiados, y necesitan trabajar en espacios dignos de su investidura. También hay 98 tribunales que no están operando por falta de recursos.

Aunque los magistrados no están para recibir lauros ni arrancar aplausos, requieren de oficinas y salas de audiencias que ofrezcan condiciones para una buena administración de justicia. Los jueces, que aun percibiendo salarios injustos, tienen que sacrificarse en sitios llenos de precariedades, creando dificultades a los usuarios del sistema.