Edificio de la PGR
Santo Domingo.-La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio Público presentó una acusación formal ante la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional contra los miembros de una organización delictiva que cometió una estafa por más de 124 millones de pesos, al captar fondos del público bajo falsas promesas de inversiones rentables y seguras.
Los acusados son Gabriel Emilio Cáceres Araujo, Kristie Marie Cabral Romero y otros implicados, quienes perpetraron los hechos mediante la sociedad comercial Pipschasers Capital, S.R.L., utilizada como fachada para dar apariencia de legalidad a sus operaciones.
La acusación contra estafa, presentada por la procuradora fiscal Lewina Tavárez Gil, titular interina de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, está sustentada en más de 276 elementos probatorios, incluyendo pruebas documentales, testimoniales y periciales, recolectadas conforme a los principios de legalidad y debido proceso.
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Los procesados se presentaban ante las víctimas como corredores de bolsa o representantes de fondos de inversión, y mediante esta representación fraudulenta lograron captar aproximadamente ciento veinticuatro millones quinientos setenta y cinco mil setecientos pesos dominicanos (RD$124,575,700), en perjuicio de 192 víctimas y del Estado dominicano.
Dentro del esquema fraudulento, los contratos suscritos con las víctimas omitían deliberadamente información clara y veraz sobre el destino y uso final de los fondos captados, constituyendo una maniobra dolosa destinada a inducir a error.
Asimismo, se comprobó que los acusados realizaron múltiples transferencias entre cuentas bancarias a su nombre o bajo su control, configurando un patrón típico de circuitaje financiero para dificultar la trazabilidad de los recursos, que finalmente fueron destinados a fines personales, causando perjuicio patrimonial a las víctimas.
Cáceres Araujo se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal, mientras que Cabral Romero está bajo medidas de coerción que incluyen garantía económica, presentación periódica y prohibición de salida del país.
El Ministerio Público indicó que, por un caso similar de acción privada, ambos acusados fueron condenados el pasado año.
En un comunicado, la institución destacó que la acusación está respaldada con elementos de prueba que vinculan de manera individualizada a los procesados con los hechos investigados.
