
Escena del juicio a imputados en el caso Odebrecht, en donde solo fue condenado el empresario Angel Rondón.
En dos de los casos más grandes y emblemáticos de corrupción que ha tenido República Dominicana, el Ministerio Público apenas ha conseguido la condena de uno, de un total de 9 imputados.
De los nueve imputados en los casos Odebrecht y Tucano, solo el empresario Angel Rondón Rijo fue condenado, a 8 años de prisión, por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Por el caso Odebrecht, el citado tribunal condenó a Rondón y declaró no culpables a los restantes cinco imputados, incluyendo al ingeniero Víctor Díaz Rúa, a quien sin embargo lo sentenció a cinco años de cárcel por lavado de activos, pero no propiamente por los sobornos que el consorcio brasileño admitió haber pagado en República Dominicana.
Los demás descargados en ese caso fueron el exsenador Tommy Galán, el abogado Conrado Pittaluga, el exdirector de Inapa Roberto Rodríguez y el exsenador Andrés Bautista.
A estos se suman los tres beneficiados ayer por la sentencia dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que los declaró no culpables del caso de los alegados sobornos de los aviones Súper Tucano.

Los favorecidos en este caso fueron el mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y el empresario Daniel Aquino Hernández. También, las firmas 4D Business Group y Magycor.
El Ministerio Público informó que apelará dicha sentencia, por entender que en sus motivaciones hubo contradicciones de argumentaciones.
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José Miguel Marmolejos, procurador fiscal adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que como corresponde en un Estado de derecho, ese órgano interpondrá los recursos que establece la ley, que en este caso es el de apelación.
“En el presente caso en el día de hoy el tribunal ha hecho un resumen sucinto de las motivaciones. Está pendiente entregarnos la resolución íntegra; sin embargo, podemos adelantar que, en las declaraciones que hizo el tribunal, hemos observado contradicciones de argumentaciones que nosotros no compartimos”, dijo el representante del Ministerio Público.
La decisión de las juezas Arlín Ventura Jiménez (presidenta), Leticia Martínez Noboa y Milagros Mercedes Ramírez Cabrera declara no culpables al mayor general retirado Peña Antonio, exministro de Defensa; al coronel Piccini Núñez, exdirector de Proyectos Especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y al empresario Aquino Hernández, así como a las firmas 4D Business Group y Magycor.
Las defensas de los imputados habían advertido que el caso se encaminaba al fracaso, en vista de que durante el desarrollo del proceso se excluyeron las pruebas principales.
En el caso particular de la defensa del coronel Piccini Núñez, a cargo del abogado Alejandro Tejada, había advertido que el Ministerio Público excluyó pruebas fundamentales con la intención de que el país no conozca la verdad sobre el dinero que la empresa constructora de las aeronaves admitió haber pagado en sobornos a República Dominicana.
Tanto en el caso de los Tucano como en el de Odebrecht, ambas empresas admitieron los hechos y pagaron por ellos, pero en los juicios no ha habido condena.
Debilidades
Las debilidades del proceso del caso de los Tucano comenzaron en el juicio preliminar que se celebró en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tribunal que envió a juicio de fondo a los imputados, pero excluyó del expediente la prueba principal: el acuerdo de delación que el Ministerio Público hizo con Embraer, empresa constructora de las aeronaves.
Dicho acuerdo, a decir de los abogados de los imputados, contenía los verdaderos de nombres de los diputados, senadores y funcionarios del Estado que recibieron los sobornos por parte de la empresa de capital brasileño.
Pago
La empresa constructora de las aeronaves pagó 7 millones de dólares al Estado dominicano, equivalente al doble del precio de los aviones, como parte de un acuerdo para no ser incluida en el expediente acusatorio.