Hay razones para suspicacia o temor frente a la propuesta oficial de usar fondos de pensiones para financiar un ambicioso proyecto de construcción de viviendas, porque todavía se recuerda la quiebra hace 30 años del Banco de los Trabajadores, depositario entonces de los ahorros de los trabajadores.

Empleados públicos y privados, con aportes adicionales de sus patronos, han logrado acumular cien mil millones de pesos que manejan administradoras de fondos de pensiones, que a su vez forman parte de grupos financieros nacionales y extranjeros.

La Superintendencia de Pensiones tiene a su cargo clasificar los ámbitos de inversión de esos recursos, bajo la premisa del menor riesgo y mayor rendimiento.

En la actualidad, más del 50 por ciento del total de esos recursos está depositado en la banca múltiple, un 30% en certificados del Banco Central y un 10 por ciento colocado de manera directa en un manojo de las principales empresas nacionales.

La ley que crea los Fondos de Pensiones establece que el 20 por ciento de esos recursos se invertiría en proyectos de viviendas para empleados y trabajadores a los fines de reducir el déficit habitacional.

La quiebra del Banco de los Trabajadores y el crack financiero del 2002 justifican temor o suspicacia sobre manejo y destino de los Fondos de Pensiones, pero es razonable el planteamiento de que parte de esos dineros beneficien en término de inversión a sus legítimos dueños.

Lo que ha de reclamarse en todo estado de circunstancia es que las inversiones actuales y las que se proyecten estén rodeadas de la más absoluta garantía de seguridad y de rentabilidad.

Los fondos de pensiones significan la seguridad de retiro digno de centenares de miles de trabajadores y empleados, por lo que a ningún sector le asiste derecho de jugar a la ruleta rusa con esos dineros.

Financiar proyectos de viviendas populares con fondos de pensiones sólo sería válido con absoluta garantía de seguridad y rentabilidad.