Muy bien



El presidente Danilo Medina ha actuado sabiamente al anunciar que el Gobierno no firmará el Pacto para la Migración Segura, Ordenada y Regulada, porque su adopción degradaría el principio de soberanía y causaría un resquebrajamiento del ordenamiento jurídico nacional.

Ese pacto generaría compromisos al Estado dominicano imposibles de cumplir sin socavar su autoridad para aplicar control migratorio, además de colocar cargas jurídicas, administrativas y financieras que desbordarían su capacidad de cumplimiento.

Tal y como señala el Presidente, ese convenio puede contener disposiciones loables, pero también plantea aspectos que resultan contrarios al interés nacional, más aun en una nación como la dominicana sometida a las singulares presiones migratorias de su vecino Haití.

El Pacto de para la Migración, cuya firma está prevista para los días 10 y 11 de este mes en Marrakech, Marruecos, resulta de imposible aplicación para República Dominicana, porque su vigencia aquí implicaría automática renuncia al fuero soberano en un aspecto vital para la supervivencia de la nación como es el migratorio.

Se resalta el propósito enunciado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) al promover ese convenio, que sería el de garantizar los derechos de los inmigrantes, pero es menester señalar que el Estado dominicano no sólo respeta y aplica todas las convenciones sobre la materia, sino que acoge y protege a una enorme población de inmigrantes sin ningún tipo de ayuda internacional.

La advertencia de académicos y políticos, de que el país sería sometido al escarnio internacional por su decisión de no firmar ese pacto, constituye un burdo chantaje de quienes consideran que República Dominicana carece de capacidad y autoridad para regentear su soberanía y autodeterminación.

En términos generales, el Pacto para la Migración podría surtir efectos positivos en Europa o territorios continentales, pero su contenido es inaplicable en República Dominicana, porque suplanta autoridad legítima del Estado nacional y porque en la práctica declararía la isla única e indivisible.

El presidente Medina con la decisión de no adherir el país a ese pacto, ha cumplido con su deber y obligación de defender y proteger el fuero soberano de la República permanentemente amenazado por incontrolable flujo migratorio procedente principalmente desde un Haití agredido y olvidado.