El Ministerio de Educación prepara un programa destinado a recuperar tres semanas de clases perdidas en las escuelas públicas a causa de suspensión de docencia por reclamos de aumento salarial o por extensión de días feriados, un esfuerzo que equivale a salvar el año escolar seriamente amenazado por las frecuentes ausencias en las aulas de maestros y alumnos.

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ha advertido que retomará su lucha por incremento de sueldos y que iniciará una campaña de movilización similar a la emprendida en favor del 4% para la educación, lo que conllevaría a riesgo de más pérdida de docencia, aunque el gremio dijo que sugeriría medidas para evitar que se malogre el año lectivo.

Ninguna justificación sería valedera si por elevados niveles de irracionalidad de maestros o autoridades, el calendario escolar no se llega a completar, porque se estaría negando a millones de estudiantes el sagrado derecho a recibir educación continua y de calidad.

La brecha entre alumnos de colegios privados que asisten regularmente a las aulas sin ningún contratiempo, y estudiantes de planteles públicos que literalmente no saben el día cuando podrían permanecer en las aulas, es una forma intolerable de discrimen porque se condena a una gran masa humana a la ignorancia o mediocridad y, por consiguiente, a padecer inequidad social.

Es previsible que el calendario reivindicativo de la ADP conlleve más suspensión de docencia, por lo que el programa que prepara Educación debe proveer garantía de reposición de cada minuto de clase que se pierda, sin importar si se convoca a estudiantes y profesores para los días sábado y domingo o se extiende el horario de impartir enseñanza.

Lo racional sería que cualquier concentración, manifestación, asamblea o reunión de maestros se realice fuera del periodo de docencia y que por ningún motivo se degraden los programas relacionados con cada asignatura, en el entendido de que es deber y obligación garantizar calidad de la enseñanza.

Padres y tutores tienen también que cumplir con su elevada cuota de responsabilidad, que incluye enviar a sus hijos a la escuela, supervisar los planes de estudios e interactuar con los profesores sobre mejor manera de recuperar el valioso tiempo perdido.

El año escolar debería ser declarado por autoridades y maestros como de altísima prioridad nacional para que la comunidad educativa se comprometa a reponer pérdida de docencia y a no perder ni un minuto de clase en favor de la formación de más de dos millones de estudiantes de escuelas públicas, la mejor forma de construir futuro.