POR: Susi Pola

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El viernes pasado, la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Margarita Cristo, dictó tres meses de prisión preventiva a Ramón Antonio Custodio Díaz, acusado de supuestamente pagar a menores, sumas de 1,500 a 2,000 pesos por grabar videos porno que luego subía a internet. La jueza aclaró que la medida hubiera podido ser menos gravosa, pero la peligrosidad que implica la imputación del delito, justificaba toda su atención.

Muy bien por esta magistrada que tiene en cuenta la vulnerabilidad de las y los menores frente al riesgo de explotación sexual comercial infantil en que viven un gran número de nuestros niños y niñas.

La explotación sexual comercial infantil es una grave violación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y una forma de explotación económica análoga a la esclavitud y al trabajo forzoso, que incluye la producción, promoción y distribución de pornografía que involucra niños, niñas y adolescentes, así como la prostitución infantil y la trata.

Según la Organización Internacional del Trabajo, de los 12,3 millones de personas que son víctimas de trabajo forzoso en todo el mundo, 1,39 millones están involucradas en la prostitución infantil forzosa, y de un 40% a un 50 % son niños y niñas, cifras que se aplican en proporción a los países, como el nuestro, donde la pobreza es uno de los primeros factores de riesgo.

En la República Dominicana, pese al marco jurídico que existe y al compromiso internacional con tratados y convenios de los que somos signatarios, la niñez está desprotegida por el Estado, el entorno social y la misma familia, y el imaginario socio cultural que clasifica a las personas a partir de “poder” asignado para la convivencia, se impone.

El Estado, más allá de reconocer y admitir el alto riesgo de explotación sexual, debe cumplir con los marcos jurídicos que tenemos, como hizo la jueza en el caso citado. Además, se necesita un sistema de atención y proveedores de servicios que tengan conocimiento del problema para responder protegiendo a la minoridad.

El entorno social y el comunitario, es reticente a intervenir en estos casos por desconocimiento, por miedo o simplemente porque consideran que ya “esa niña está dañada”, y no hay “nada que hacer”. En la familia, las cosas no son diferentes, y es frecuente que estas niñas y niños sean abandonados a su suerte y hasta separados del débil núcleo familiar, en un peregrinar que suele terminar en la calle.
El gobierno tiene que revisar el funcionamiento de los organismos encargados y desligar las direcciones del clientelismo politiquero que atrasa la atención a la niñez dominicana. Porque niños, niñas y adolescentes están en riesgo ahora!