Las modificaciones introducidas por el Ministerio Administrativo de la Presidencia (Mapre) al pliego de condiciones de la licitación para la compra de 100 camiones de basura no corrigen las distorsiones estructurales que afectan la transparencia, la competencia y la credibilidad del proceso, denunció la Asociación de Concesionarios de Fabricantes de Vehículos (Acofave).

El gremio afirmó este martes que los cambios realizados en la licitación son de carácter meramente formal y no abordan los problemas de fondo previamente señalados, por lo que se mantienen condiciones alejadas de la realidad del mercado que, en la práctica, limitan la participación de oferentes calificados.

“Los camiones compactadores no son bienes disponibles para entrega inmediata, sino equipos que se fabrican bajo pedido, con procesos técnicos complejos que incluyen la integración del chasis y el sistema compactador, lo que conlleva plazos de entrega que, a nivel internacional, oscilan entre cuatro y ocho meses”, explica la entidad en un comunicado con «profunda preocupación e inconformidad» ante las modificaciones al pliego del proceso de licitación MAPRE-CCC-SI-2026-0001.

Mapre ampliará plazo en la licititación

Por su parte, el Mapre dejó ayer sin efecto la licitación para la compra de los 100 camiones compactadores por valor de 760 millones, para entregar a los diferentes ayuntamientos del país. Consideró que revisará el pliego de condiciones, ampliando el plazo formal de la primera entrega a 45 días calendario y reduce la cantidad a 50 camiones compactadores.

Explica que la empresa adjudicataria contará con 83 días calendario desde el conocimiento de la adjudicación hasta la entrega formal de la primera partida, totalizando 113 días para la entrega total de los artículos que conforman la subasta.

Sin embargo, Acofave consideró inaceptable que se mantengan requisitos que no guardan proporción con la dinámica de la industria, advirtiendo que esto desvirtúa el carácter técnico de la licitación pública, la convierte en un proceso potencialmente excluyente y genera dudas sobre su equidad.

“La reiteración de requisitos no técnicos o mal formulados en procesos de compras públicas contribuye a crear la percepción de que se diseñan condiciones para favorecer actores específicos, lo que socava la confianza en los procesos de contratación, afecta la libre competencia y reduce la posibilidad de que el Estado obtenga las mejores condiciones técnicas y económicas”, subraya.

El gremio también sostuvo que una adquisición de esta naturaleza no puede evaluarse únicamente por la inmediatez en la entrega, sino que debe garantizar calidad, respaldo técnico, mantenimiento y sostenibilidad operativa, aspectos fundamentales para la eficiencia de los servicios públicos.

Ante este escenario, Acofave exigió la reformulación total del proceso, de modo que el pliego de condiciones responda a criterios técnicos, razonables y transparentes. Advirtió que mantener disposiciones desconectadas del mercado distorsiona la competencia y envía señales preocupantes sobre la institucionalidad y la gestión de los recursos públicos.

Los concesionarios de fabricantes de vehículos reinteraron que su posición no responde a intereses particulares, sino al compromiso de promover procesos justos, abiertos y alineados con buenas prácticas, señalando que una licitación mal estructurada termina perjudicando tanto al sector como al Estado y a la ciudadanía.