La Policía ni sale de una ni pega una. Es pueril el pretexto de que se impidió la instalación de un campamento frente a la sede del Congreso en defensa de las tres causales sobre el aborto, porque se carecía de permiso y se violaba el toque de queda. Si es así, la Policía ha debido desalojar a las mujeres que desde hace más un mes acampan frente al Palacio Nacional en demanda de la despenalización de la interrupción del embarazo.

Tras la violenta intervención de los agentes policiales la madrugada del martes, las mujeres, en un abierto desafío, volvieron a instalarse frente al palacio legislativo con apoyo de congresistas y funcionarios administrativos. Tras el asesinato de una pareja de esposos en Villa Altagracia el 30 de marzo la imagen de la Policía ha venido de mal en peor.

El domingo por penetrar a un centro de diversión a apresar a un supuesto prófugo se originó una balacera en la que murieron cuatro personas.

Hasta donde se tiene entendido los agentes que violentaron el establecimiento, que operaba en violación del toque de queda, no tenían orden judicial ni estaban acompañados de un representante del Ministerio Público.

No se entiende por qué la Policía trata de impedir el campamento frente a las instalaciones del Congreso y no actúa de la misma manera en el caso de la ocupación de la explanada del Palacio Nacional.

Entre las muchas protestas la más sonora ha sido la de Dilia Leticia Jorge Mera, viceministra de la Presidencia, quien definió la acción policial como un atropello.