Los acuerdos de paz en Colombia entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército del Pueblo (EP), alcanzados el 24 de noviembre de 2016, luego de cuatro años de tensas y engorrosas tratativas, 2012-2016, presenta preocupantes nubarrones, que amagan con hacer naufragar, y reeditar el conflicto prolongado por 60 años, que desarticuló, desangró y traumatizó a los colombianos.

Entre 1964, fecha que inició la más prolongada guerra civil que conoce la historia, y su conclusión en 2016, causó más de 150 mil muertos, incluidos más de dos mil niños, cinco millones de desplazados de su hábitat, hay dispersas hoy más de cien mil minas antipersonales, que entre 1985-2012 causaron 10,180 mutilaciones.
El presidente Santos comprometió a Colombia préstamo de US$100 millones con el Banco de Desarrollo Alemán, redimido en diez años, para sufragar el acuerdo de paz contextualizado en los seis puntos acordados con las FARC-EP, en La Habana, anfitrión e intermediario, junto a Noruega.

La delegación de las FARC la integraron Luciano Marín Arango, (Iván Márquez), que presidió, Seuxis Pausías Hernández, alias Jesús Santrich, Yuri Camargo, Jorge Torres, Victimas Sandino Palamara, Tanya Nijmejla (holandesa), y Alicia Alexandra Nariño.

Mientras que la delegación gubernativa, liderada por el presidente Santos, Humberto Lacalle, Sergio Jaramillo Caro, general del Ejército, Jorge Manrique Mora y el general policial Oscar Naranjo.
El acuerdo de paz concertado y logrado entre el presidente Santos, el jefe supremo de las FARC, Rodrigo Londoño, Timochenko, y jefe negociador Iván Márquez y mencionados, fue acordado en base a seis puntos nodales.

Primero. Luchar contra la pobreza, prometiendo el presidente Santos entregar tres millones de hectáreas, de un total de siete millones, a campesinos irredentos.

Segundo. Participación política, creando un partido político integrándose al debate civil.

Tercero. Cese al fuego y entrega de armas, que debió ser primero. Creación de 23 zonas de desarme. Garantías de seguridad de nuevo partido, denominado Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia, FARC, idéntico distintivo guerrilla marxista.

Cuarto. Proporcionar soporte económico a campesinos que abandonen los cultivos de coca por otros rubros.

Quinto. Persecución víctimas esclarecimiento y verdad y no repetición de identificar responsables crímenes de guerra. Punto de conflictivo censurado por Uribe.

Sexto. Garantías para el cumplimiento de acuerdos. El proceso de paz recibió un palmario rechazo de la sociedad colombiana cuando el presidente Santos convocó plebiscito el 2 de octubre de 2016 donde los colombianos expresaran su criterio sobre el acuerdo de paz, No 50.21%, demostración del resentimiento por los sufrimientos causados por las FARC a sus conciudadanos, y 49.79% Si, expresión inequívoca de la decisión de los colombianos a la oportunidad de concluir el fratricida sangriento proceso bélico.

Cuatro días luego del No, la Academia de Ciencias de Noruega otorgó el Nobel de la Paz al presidente Santos, recibiendo apoyo a su gestión de paz por el Partido Verde, estudiantes, indígenas, empresarios, campesinos, líderes religiosos, 47 países, ONU, OEA, EEUU, Rusia, China, Francia, UE, Reino Unido, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Human Rights Watch, y sus colegas Belisario Betancurt y César Gaviria, no así Álvaro Uribe, tenaz opositor al acuerdo de paz, que en su momento no logró, pudiendo, como demostró Santos se podía, y pudo.

Naufragio paz
El pasado 15 de enero, Carlos Ruiz Massieu, enviado de Naciones Unidas a Colombia a verificar el proceso paz, denunció hasta el 26 de diciembre pasado, que 77 rebeldes de las FARC resultaron asesinados ese año, enero 29, El Nacional intituló:

“Sigue cacería ex guerrilleros Colombia”, reportando el partido FARC 173 combatientes asesinados desde la firma del acuerdo de paz en 2016. En 2017 fueron 31.

Ese escenario desconcertante sabotea el proceso de paz concertado luego de ingentes tratativas de cuatro años para concluir una dolorosa y luenga tragedia de seis décadas.

Prensa Asociada divulgaba noticia (Hoy 31 de agosto de 2019):“Rearme rebeldes FARC eleva presión sobre Maduro”. Edificando que los exlíderes rebeldes Iván Márquez, Jesús Santrich, Miguel Botache, Hernán Darío Velásquez (El Paisa) y Henry Castellanos Garzón (Romaña), se rearmaron.

El líder guerrillero Iván Márquez, vocero, alegó la motivación de volver a la lucha armada: “Porque el Gobierno de Bogotá (el presidente Iván Duque) no cumplió el acuerdo de paz firmado en 2016 y no hizo nada ante el asesinato de cientos de líderes sociales en las zonas controladas durante mucho tiempo por los rebeldes”.

El 14 de septiembre de 2019 la agencia española Efe divulgaba la noticia Justicia Especial para la Paz (JEP), excluyó de su jurisdicción a Iván Márquez y El Paisa por volver a las armas, añadiendo que el presidente de la Sección de Apelación del JEP, magistrado Eduardo Cifuentes señaló que Santrich quedó sin efecto la garantía de no extradición solicitada por la DEA en su caso concedida por el tribunal en mayo, que lo acusa de narcotráfico luego de firmar el acuerdo de paz.

Las FARC nutrieron sus arcas con los censurables procederes de cobrar peaje al narco y secuestros, derivando de luchadores por una Colombia redimida, a notorios delincuentes, luego del colapso en 1989 la URSS.

La paz en Colombia pende de un hilo, y solo la firme garantía del presidente Duque a los guerrilleros que depusieron las armas y los rearmados, de suspensión de la persistente cacería, será capaz de soldar definitivamente la paz y la armonía social colombiana.