A Roberto Rosario Márquez lo conozco desde que éramos jóvenes y junto a Miguel y Raúl formábamos parte de uno de los grupos estudiantiles más prestigiosos del momento. Siempre demostró valentía y responsabilidad en las tareas asignadas.
Con el paso del tiempo, como es lógico, el escenario cambió y las responsabilidades se trasladaron a otros niveles, pero los protagonistas siguen siendo los mismos.

Desde su designación en el cargo de presidente de la Junta Central Electoral, Rosario Márquez ha tenido que enfrentar situaciones delicadas internas y externas y manejar procesos electorales bajo la lupa de la sociedad y la comunidad internacional.
Siempre, junto a su equipo, ha salido airoso, pero ahora le toca librar la batalla más delicada, pues tiene de frente a los partidos políticos que pretenden empujar ese órgano a que incurra en una violación flagrante de la Constitución de la República y varias leyes adjetivas.

La JCE no debe motivar ni incurrir en violaciones a la Constitución
Me refiero a la renuencia de los partidos a que la JCE cumpla con el mandato de la ley en torno a la redistribución de los diputados y regidores, ya que hasta el 2040 el total de estos cargos está congelado. En torno a los regidores está de manera taxativa en la Ley 341-09.

Cuando un órgano del nivel de la JCE incurre en violaciones a las leyes para satisfacer intereses de particulares, estaría enviando un mal mensaje a la sociedad.

De modo que eso lo entiende Roberto y los demás miembros de la JCE. Ellos saben la alta valoración que tienen en la población y eso se debe a sus acciones apegadas a las leyes.

Es cierto que las instituciones del país tienen debilidades extremas, pero la JCE se ha mantenido fuera de ese saco y Roberto tiene la responsabilidad de mantenerlo así.

A los dirigentes políticos dominicanos solamente les interesan los cargos, por lo que en la mayoría de sus acciones dejan de lado la institucionalidad en sus propias organizaciones. La bola está en la cancha de la JCE y la sociedad observa.