La nación conmemora hoy el 55 aniversario del golpe de Estado contra el gobierno constitucional del presidente Juan Bosch, un trágico episodio que malogró el sueño del pueblo dominicano de consolidar un auténtico proyecto democrático, después de 31 años de cruenta tiranía.

Los sectores nacionales y extranjeros que obraron para derrocar al presidente Bosch, el 25 de septiembre de 1963, abrieron compuertas a la corrupción y nueva vez a la conculcación de los derechos ciudadanos, lo que a su vez detonó la Revolución Constitucionalista del 24 de abril de 1965 y la intervención militar de Estados Unidos, cuatro días después.

Ese golpe de Estado frustró uno de los más hermosos procesos democráticos de América Latina y provocó de manera directa la muerte de más de cinco mil dominicanos en una conflagración civil convertida luego en guerra patria, por lo que hoy los dominicanos renuevan compromiso de no permitir jamás que se repita esa trágica historia.

Con la sangre aportada por sus mejores hijos, la República avanza con paso firme hacia la consolidación democrática, con la absoluta voluntad de vencer los escollos que se coloquen en el camino que ha de conducir más temprano que tarde al anhelado estadio de libertad, justicia y equidad.

Sensatez

Aunque el gremio que aglutina a transportistas de carga desactivó el llamado a paro que había convocado a partir de hoy, empresarios del transporte de pasajeros paralizaron sus rutas en la región sur, además de convocar a una marcha de choferes en el polígono central de Santo Domingo.

La Federación de Transporte Dominicano (Fenatrado) aceptó iniciar un proceso de diálogo con las autoridades en torno a su reclamo de reducción en los precios de los combustibles, reducción de los precios de peaje y el pago de 600 millones de pesos que alega le adeuda el Ministerio de Obras Públicas.

Connotados empresarios del transporte de pasajeros insisten, en cambio, en mal utilizar el recurso de la huelga con la clara intención de presionar para que el Gobierno ofrezca más canonjías a sus empresas, sin sacar de raíz el caos y la anarquía que caracterizan a ese servicio vital o de orden público.

Reclaman reducción de los precios de los combustibles, pero siempre se acomodan con los beneficios de onerosos subsidios, exoneraciones, adjudicación de nuevas rutas y otras prebendas que pocas veces benefician a choferes.