A casi dos años del inicio del proceso del caso Odebrecht en República Dominicana, es muy poco lo que el gobierno puede presentar hoy como conclusiones del mayor escándalo de corrupción que recuerde el país en los últimos veinte años. Solo recordar que el Departamento de Operaciones Estructuradas (mejor conocido como el “Departamento de Sobornos”) operó en el país, luego de que el expresidente Lula da Silva visitara el Palacio Nacional, junto a los directivos de Odebrecht y el experto en publicidad Joao Santana, quien también se estableció en el país y le sirvió al presidente Danilo Medina hasta su arresto.
A diferencia de lo sucedido en otros países, también afectados por el tsunami Odebrecht, República Dominicana no ha afrontado el caso con la responsabilidad con la que lo han hecho Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Panamá y Guatemala. Por supuesto, Brasil, la cuna del caso, tiene a dos expresidentes procesados, y más de cien políticos de diferentes partidos, entre investigados, procesados y condenados.
Luego le sigue Perú, en donde todos los que han sido presidentes desde Fujimori hasta la fecha, con excepción del presidente Vizcarra, han estado procesados e investigados, en un hecho sin precedentes.
Preciso es tener pendiente que el caso Odebrecht salió a la luz pública por un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Es decir que, si no hubiese sido por el gobierno norteamericano, es muy poco probable que los dominicanos se hubiesen enterado de este escandaloso caso. Y de igual manera, es preciso resaltar el papel jugado por los periodistas de investigación, que, a través de otros medios internacionales, han obtenido información muy valiosa sobre este caso, incluyendo las ultimas divulgaciones que arrojan luz sobre nombres y apodos, que revelan que falta mucho por investigar y desenmarañar en este caso.
Todo lo anterior indica que este caso Odebrecht tiene tres aristas: La primera, son los sobornos, que no solo deben limitarse al caso procesado, sino que debe investigarse Punta Catalina y sus ramificaciones; la segunda, que las sobrevaloraciones de todas las obras construidas por Odebrecht en el país, aspecto que no se ha investigado; y la tercera, los aportes a campaña electoral, que directamente es una violación a la antigua Ley electoral 275-97 y por supuesto a la actual Ley Electoral 15-19, que expresamente prohíbe aportes a partidos y a candidatos por parte de entidades o sociedades extranjeras. Nada de esto ha sido investigado.
¿Cuánto se les ha pagado a las compañías de Joao Santana en República Dominicana por parte del gobierno de Danilo Medina? Esa pregunta es clave para seguir la ruta del dinero, y sancionar a todos los involucrados en este caso por una justicia independiente. Caiga quien caiga.
