MANAGUA, NICARAGUA, (AP).- La Organización de Estados Americanos instó el jueves al gobierno de Nicaragua aáliberar a todos los opositores presos y anular sus procesos judiciales, así como restablecer plenamente las libertades en el país centroamericano.
En un comunicado de prensa emitido en Washington tras cumplirse el plazo de 90 días para la liberación de personas involucradas en protestas sociales, la OEA saludó “la excarcelación de los presos políticos” que de esa forma han podido reencontrarse con sus familias.
Sin embargo, indicó que “resulta imperativa la liberación total y el cierre de causas judiciales para dichas personas y para quienes debieron salir del país” a causa de la crisis que estalló el 18 de abril de 2018.
Se estima que unos 62.000 nicaragüenses se encuentran exiliados, en su mayoría en Costa Rica. Según la opositora Alianza Cívica (AC), al menos 200 de ellos tendrían órdenes de captura o juicios penales pendientes.
Unos 600 reos que la oposición considera “presos políticos” fueron excarcelados desde el 27 de febrero pasado, producto de una negociación entre delegados del presidente Daniel Ortega y Alianza Cívica. En su gran mayoría no obtuvieron libertad definitiva sino arresto domiciliar.
Aunque el gobierno dio por concluida esta semana la excarcelación de personas que figuraban en listas conciliadas con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), los líderes de la AC aseguran que al menos 84 opositores al gobierno están todavía en prisión.
El miércoles la AC solicitó a la OEA y a la Nunciatura Apostólica en Managua, que sirvieron como testigos y acompañantes de la negociación, interceder por su libertad inmediata, indicando que no figuraban en listas pues fueron arrestados en meses recientes.
En aparente respuesta a la petición, el comunicado de la OEA solicitó al gobierno “la liberación de toda persona presa por motivos políticos, independientemente del momento de su detención o de la carátula de su expediente judicial”.
“Sin ello no resultará posible recuperar el camino de la democracia, la paz y la justicia en el país”, yaá que “la existencia de presos políticos es incompatible con la democracia y el estado de derecho”, agregó.
También expresó la “urgente necesidad de restablecer plenamente las libertades en Nicaragua, incluyendo el derecho a la vida, la libertad, la libre expresión, el derecho de asociación y manifestación, entre otras”.
La Policía prohibió desde septiembre pasado todas las reuniones públicasáo manifestaciones organizadas por la oposición en el país, si bien la Constitución vigente consigna esos derechos. Hasta el momento la Nunciatura Apostólica no ha emitido declaraciones sobre este caso.
El miércoles la vicepresidenta Rosario Murillo anunció que el 23 de junio el gobierno beneficiará con arrestoádomiciliar a 1.000 personas que guardan prisión, pero no especificó si se trata de reos comunes o si incluirán a los llamados presos políticos.
Durante las protestas de 2018, al menos 325 nicaragüenses murieron a manos de la Policía y grupos paramilitares, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que también documentó más de 2.000 heridos y 770 detenidos.
