Redacción.– Más de 125,000 víctimas de trata de personas han sido identificadas oficialmente en todo el mundo, de las cuales cerca de 30,000 son menores de edad, lo que significa que casi una de cada cuatro víctimas detectadas a nivel global es un niño o una niña, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Durante la Sexta Conferencia Mundial sobre la Eliminación del Trabajo Infantil, celebrada en Marrakech y Ginebra, la OIM instó a los gobiernos a colocar la migración y el delito de trata de personas en el centro de las estrategias para erradicar el trabajo infantil.
Puedes leer: Evo Morales dice que la inestabilidad en Perú responde a la influencia de EE.UU.
La organización también llamó a fortalecer los estudios especializados y la cooperación transfronteriza, con el objetivo de mejorar la protección de los niños y niñas en movimiento.
De acuerdo con los datos más recientes de la OIM, “millones de menores en movimiento enfrentan un alto riesgo de ser explotados o de caer en manos de redes de trata. Sin embargo, muchos permanecen invisibilizados en las políticas y sistemas de protección a nivel mundial”, expresó la directora general del organismo, Amy Pope, a través de un mensaje en video.
En el marco del evento, la OIM subrayó la importancia de contar con datos precisos y realizar investigaciones que permitan identificar riesgos, diseñar estrategias de prevención y orientar respuestas focalizadas.
La conferencia, organizada por el Gobierno de Marruecos y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se desarrolló del 11 al 13 de febrero y reunió a representantes gubernamentales, agencias de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil, sector empresarial y jóvenes líderes, con el propósito de acelerar las acciones para eliminar el trabajo infantil.
Entre las principales conclusiones del encuentro se destacó la necesidad de una mayor articulación entre los sistemas de protección infantil, las políticas migratorias y los mecanismos de lucha contra la trata, así como una coordinación más estrecha entre legisladores, investigadores y profesionales involucrados en la materia.
