El Ministerio Público arrestó en la madrugada de ayer a los exministros Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramón Peralta, y a otros funcionarios del anterior gobierno, a los que acusa de asociación de malhechores, desfalco, lavado de activos, falsificación de documentos, soborno y financiamiento ilícito de campaña electoral.
Esos arrestos fueron precedidos de unos 40 allanamientos practicados por fiscales de la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción Administrativa (Pepca) a residencias de los imputados y a otros inmuebles en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Pedro de Macorís y La Romana, con el auxilio de más de 300 miembros de la Policía
La Operación Calamar, como ha sido bautizada esa compleja investigación, se erige como el expediente de mayor relevancia entre los instrumentados por la Pepca, tanto por la relevancia de los implicados como por el monto de dinero involucrado en la acusación.
A los arrestados se les acusa de distraer RD$17,300,643,051.07 en un supuesto entramado fraudulento desde el Ministerio de Hacienda, por concepto de acuerdos transaccionales relacionados con pagos de expropiaciones de terrenos en áreas protegidas.
Como en los otros expedientes por corrupción encaminados por el Ministerio Público, como el referido a Operación Calamar, también se reclama respeto al debido proceso, a la presunción de inocencia, al derecho a la defensa y al principio de igualdad procesal.
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Compete y conviene al Gobierno demostrar en los hechos que tales diligencias procesales nada tienen que ver con el vendaval electoral, en tanto que la Procuraduría General está compelida a garantizar en todos los escenarios lo que su incumbente ha definido como “la verdad jurídica”.
Si bien es cierto que el órgano persecutor de la corrupción administrativa lleva más de dos años en la investigación de ese expediente, llama la atención que se ejecute cuatro días antes de la celebración en Santo Domingo de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, con la presencia confirmada del Rey de España y de varios presidentes latinoamericanos.
A los tribunales corresponde valorar pruebas de cargo y descargo que presenten el Ministerio Público y los imputados, pero en cualquier escenario resulta imprescindible que prevalezcan las garantizas procesales y se preserve el derecho de los justiciables a su buena fama, hasta tanto se pronuncie sentencia definitiva. Así es el derecho, así debe ser la justicia.
