El Ministerio Público apresó el sábado al general Adán B. Cáceres Silvestre, jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, y a otras cuatro personas imputadas de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, falsificación de documentos, lavado de activos, porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
Se trata de otra investigación, denominada “Operación Coral”, desplegada por a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) que conllevó también los arrestos de la pastora Rossy Guzmán Sánchez, Tanner Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Aza y Raúl Alejandro Girón Jiménez.
En ese operativo se realizaron 24 allanamientos en forma simultánea en inmuebles relacionados con los arrestados en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Samaná, donde el Ministerio Público informó sobre el decomiso de bienes millonarios.
A partir de hoy se levanta otra carpa mediática desde donde se replicarán las diversas versiones jurídicas y políticas sobre la imputación de corrupción contra el jefe de la seguridad del expresidente Medina, dos de cuyos hermanos ya han sido sometidos a la justicia encartados en otro expediente.
El mismo reclamo formulado cuando la Procuraduría General de la República desveló los pormenores de la “Operación Pulpo” y solicitó medidas de coerción contra los imputados, en esta oportunidad también se reclama respeto al debido proceso, derecho a defensa y a la presunción de inocencia, luego que pase lo que tenga que pasar.
Aun cuando a un grupo de encartados se les acuse del ilícito penal de asociación de malhechores, los crímenes y delitos son imputados de manera individual, por lo que cada cual debe responder por los hechos que se le atribuyen, sin que maliciosamente se endilgue a uno la falta del otro.
La lucha contra la corrupción debe sustentarse en la voluntad jurídica del Ministerio Público y de Orden Judicial para enfrentarla, en la eficacia de los fiscales en recolectar pruebas y evidencias de cargo, pero también en la garantía que deben ofrecer a los encartados para ejercer a plenitud todos sus derechos procesales.
Corresponde a los tribunales en sus diferentes instancias conocer el pliego de acusaciones incoado por el Ministerio Público contra el general Cáceres Silvestre y demás imputados, por lo que justicia es lo que debe reclamarse y después que pase lo que tenga que pasar.
