No se trata de una anécdota u otro simple resbalón en su deplorable cadena de desaciertos el yerro en que habría incurrido la Cámara de Cuentas, al menos si es como se ha aclarado, con relación a un cargamento de armas contratado por las Fuerzas Armadas en mayo 2008. Es una falta grave si en verdad los fusiles y cargadores, de cuya entrega no se percató el organismo en su auditoría al recomendar que sean reclamados, reposan en los depósitos de los institutos castrenses, incluso desde la fecha acordada con la firma suplidora.

Como ocurrió con en el informe sobre la ejecución presupuestaria de 2012, según el cual se gastaron más de 187 mil millones de pesos sin documentación, la Cámara de Cuentas no puede renunciar a su responsabilidad a través de la práctica del avestruz. Tiene que dar la cara por la auditoría sobre las armas, una operación que supuso la erogación de 28.7 millones de pesos y que calificó de fraudulenta porque se habría hecho sin licitación.

Para despejar sospechas, el presidente de Peralta & Compañía, Eulalio Peralta Fernández, mostró documentos según los cuales el Ministerio de las Fuerzas Armadas certifica haber recibido de los señores Colt Defense LLC, de los Estados Unidos de Norteamérica, la cantidad de 200 fusiles marca Colt M4 Comando, calibre 5.56 mm full//autoRO933 y 800 cargadores de 30 municiones para los mismos, los cuales hemos recibido a nuestra entera satisfacción.

El informe de la ejecución presupuestaria de 2012 presentado al Congreso Nacional no fue rubricado por los auditores bajo el alegato de que no pudieron verificar la documentación que sustenta gastos por más de 187 mil millones de pesos; actitud con la cual el organismo viola una de sus atribuciones, que es requerir a las autoridades la aplicación de sanciones a quien o quienes corresponda, en base a sus actividades de control externo.

Aunque la Constitución la faculta a identificar y señalar los hechos relativos a la violación de normas establecidas que originan responsabilidad administrativa, civil o indicios de responsabilidad penal, la Cámara de Cuentas, en un gesto insólito, ha optado por desentenderse sobre las escandalosas anomalías que se habrían verificado en 2012. Entre las faltas cita la no identificación de beneficiarios en transferencia de fondos; desviación del tope del déficit establecido, e incremento en los financiamientos, créditos y deudas nacionales e internacionales con relación a lo presupuestado.

Si erró con la auditoría sobre las armas, el organismo debe admitirlo y tomar las medidas pertinentes, sin importar las consecuencias. Y es que refugiarse en el silencio, como ha sido su práctica, no sólo tiende a crear dudas, sino a perjudicar aún más la imagen y la credibilidad de una entidad facultada para formular disposiciones y recomendaciones de carácter obligatorio a los servidores públicos, legal y reglamentariamente responsables de su aplicación. Como filosofía de su ejercicio, el organismo también debe rendir cuentas.