El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, expresó su desacuerdo con el presidente de la República, Luis Abinader, por designar advenedizos y trepadores como funcionarios, en un número superior a los gobiernos anteriores, con la agravante de que cuando llegan a un ministerio o cualquier otro órgano estatal lo primero que hacen es cancelar a sus compañeros del Partido Revolucionario Moderno.
Pacheco es el único que se ha atrevido a anunciar públicamente lo que muchos prefieren mantener en silencio dentro del partido gobernante.
Las palabras de Alfredo Pacheco le han generado mucho apoyo interno, pero no han faltado los que, tanto desde dentro como desde fuera de la entidad política, han desaprobado la actitud del presidente de la Cámara de Diputados.
Naturalmente, los que atacan a Pacheco, en su mayoría, no tienen ninguna afinidad política con el oficialismo, pero en el fondo procuran hacerse los graciosos con el jefe de Estado al calificar al diputado de Cristo Rey de practicar clientelismo.
¿Clientelista? ¿Y cuál diputado, senador, regidor o alcalde no practica clientelismo? ¿Pacheco es el único? Son todos.
En una sociedad donde los partidos políticos carecen de ideología y de principios éticos, todo el que decide aspirar a un cargo de elección popular es porque cuenta con millones de pesos dispuesto a gastarlos, comprando la conciencia de la gente, mediante repartición de prebendas, dinero en efectivo, recetas médicas…
Es para recordar la época en que Juan Bosch, Joaquín Balaguer y José Francisco Peña Gómez tenían seguidores comprometidos con sus causas. Con la desaparición física de esos gigantes se cambió al militante por el cliente.
Es un contrasentido, sin embargo, atacar a Pacheco para defender a Abinader, como si no conociéramos la historia reciente, tan reciente como las elecciones de 2024, donde se gastaron miles de millones de pesos en publicidad del Estado, en la compra de tránsfugas políticos, sobre todo provenientes del PLD, como presidentes de comités municipales, alcaldes, regidores, diputados y senadores. También exalcaldes, exdiputados, exsenadores y exregidores.
De forma adicional, días antes de las elecciones del 19 de mayo de 2024, se compraron cientos de miles de cédulas de opositores, reduciendo el padrón, en lo que toca a electores hábiles, provocando una abstención de un 46%.
Nunca antes en la República Dominicana, en un certamen de carácter nacional, había sufragado un pírrico 54%, porcentaje inferior inclusive al del 2020, cuyo proceso se desarrolló en medio de una pandemia, pero de todas maneras votó un 55% de dominicanos.
En la contienda nacional de 2024 se reportó,desde todas las provincias y municipios, compra masiva de cédulas de opositores, un grave delito electoral.
Agréguele la descomunal inversión económica que hizo el Gobierno para la fabricación de ese 57%, que requirió la reducción del caudal de votantes del PLD, en un ocho o nueve por ciento, una organización que de por sí venía con una maltrecha imagen pública desde que iniciaron los procesos judiciales, desde el Ministerio Público, contra antiguos funcionarios del entorno del Danilo Medina, inclusive contra varios de sus hermanos biológicos.
