Pacto Eléctrico: Sería parte de la solución al problema de los apagones



En uno de los documentos aprobados hace más de un año y que fue entregado para revisión a los integrantes del Comité de Coordinación Gubernamental y de la Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social, se insistía en no sólo la necesidad de la aprobación de un Pacto Eléctrico sino que el mismo debía estar orientado a fortalecer la eficiencia y seguridad jurídica del sector eléctrico.

De acuerdo con el documento, el Pacto procuraría eliminar los incumplimientos, los solapamientos de roles, las insuficiencias legales y las distorsiones actuales en la aplicación de las normativas del sector eléctrico.

Entendemos que el logro de todo lo anterior contribuirá a mejorar la confianza, el clima de inversiones, la competitividad empresarial y sistémica, el desempeño sostenible de las finanzas públicas y la ejecución de importantes programas llamados a resolver problemas cruciales del desarrollo de ese subsector y de República Dominicana en general.

Por lo que de firmarse e implementarse el Pacto Eléctrico, República Dominicana tendría un suministro de electricidad estable con un mínimo de apagones y con una tarifa transparente y más justa, ya que de cumplirse el calendario de reducción de pérdidas de distribución los costos de la tarifa eléctrica se bajarían en promedio 2% anual durante los próximos 7 años.

Sumado a esto está el hecho de que el Pacto estipula un acuerdo para reducción de costos operacionales de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES), ya que estos se encuentran muy por encima de la media de la región.
Como es sabido el sector eléctrico de nuestro país es responsable por una gran parte de la deuda externa dominicana al incurrir en enormes déficits anuales por motivo de pérdidas de distribución y altos costos de operación.
La implementación del Pacto haría transparente la factura eléctrica al listar todos los componentes que afectan la misma pero además daría electricidad estable y a precios justos para las medianas y pequeñas empresas en todo el territorio nacional.

El Pacto no es un capricho, es un mandato legal. Su concertación fue uno de los compromisos asumidos dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Conllevó tres años de negociación en el seno del Consejo Económico y Social, donde participaron representantes del Gobierno, partidos políticos, sector privado, sector laboral y la sociedad civil.
Como resultado, se lograron consensuar más de 200 compromisos, y poco más de una decena de temas quedaron en disenso. El Pacto no es perfecto, pero contiene aspectos importantes para mejorar significativamente el sector eléctrico.

El sector eléctrico sigue siendo uno de los principales obstáculo para el desarrollo de República Dominicana, por lo que se requieren acciones que puedan garantizar el suministro confiable de electricidad (menos apagones), precios competitivos (facturas justas) y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental. Hay muchas leyes, pero no se cumplen. Se requieren compromisos concretos para su cumplimiento.

El Pacto Eléctrico es un compromiso de todas las partes envueltas y afectadas por un problema que se viene arrastrando por más de 50 años. Es necesario implementar las medidas contenidas en el pacto y decir adiós a ese escenario de pérdidas y generación de deuda continuo.

Oponerse al pacto es hacer caso omiso a este loable esfuerzo de establecer bases concretas para el desarrollo del sistema eléctrico. El mismo es una piedra angular para elevar la productividad y obtener los niveles de desarrollo que anhelamos los dominicanos.

Estrategia desarrollo

El proceso de consulta, discusión y concreción del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, ordenado por el decreto 389-14 en cumplimiento del mandato de la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, se estructuró con el propósito de encontrar soluciones consensuadas, producto del diálogo entre los distintos actores, para superar los obstáculos que, a la fecha, han sido la causa principal de que los instrumentos legales, planes e iniciativas relacionadas con el subsector eléctrico no hayan logrado plenamente sus objetivos.