Sólo la crisis que ha convertido a Haití en un desierto y el intento de esa nación de disponer por su cuenta de las aguas del río Masacre tornan necesario e impostergable el pacto por el líquido que ha propuesto el Gobierno del presidente Luis Abinader.

Si los dominicanos no hacen ahora lo que se tiene que hacer para fomentar el recurso no sorprendería que en un futuro no muy lejano el territorio se quede sin agua suficiente para irrigar la producción agrícola y abastecer las necesidades de la población. Son múltiples las razones que otorgan singular trascendencia a un pacto que a simple vista parece la mejor alternativa para reducir el impacto del cambio climático.

Los 8,500 millones de dólares que se invertirían en 15 años, con un promedio de 567 millones anual, están supuestos a evitarles una crisis de impredecibles consecuencias a las presentes y futuras generaciones.

Ese acuerdo nacional, que contempla la construcción de más presas y medidas para la protección y conservación de las cuencas hidrográficas es una necesidad en todo el sentido de la palabra. El Gobierno ha llegado a la conclusión de que la institucionalidad en el sector agua es confusa, dispersa e incompleta.

Una muestra que cita es que en el sector intervienen 18 entidades públicas. Por el valor del agua y la trascendencia del pacto para la salud, la economía y el desarrollo el liderazgo político y la sociedad civil deben respaldar la iniciativa, que por demás se anticipa a las graves sequías que siempre afectan la producción y el consumo.