Se veía venir que el Gobierno recurriría a algún tipo de alza impositiva para contrarrestar el déficit fiscal con que ha operado, pero estimular las expectativas, como se ha evidenciado, en torno a la captura del presunto capo José David Figueroa Agosto y la repatriación de Sobeida Félix Morel para colar la odiosa medida, constituye un palo asechao.

Como parte de un estilo de confundir a la opinión pública con conceptos, el ministro de Hacienda, Vicente Bengoa, ha tenido el tupé de negar que el aumento de los impuestos a los carburantes signifique una reforma fiscal. Desde su punto de vista se trata de una indexación, que en todo caso, según dirigentes empresariales, debió implementarse a partir de 2007.

El déficit que ahora se busca contrarrestar con el incremento de los impuestos a los carburantes no es resultado de factores externos, sino del derroche en que se incurrió durante el proceso electoral. La oposición y sectores empresariales han hablado de más de 76 mil millones de pesos, pero las autoridades reducen el desequilibrio a unos 36 mil millones.

El desequilibrio manda austeridad o, en su defecto, una rigurosa racionalización del gasto. Pero con todo y que tiene múltiples fuentes para economizar recursos, entre las que se han citado las nominillas, asesorías, ministros y viceministros sin cartera, servicio exterior y entidades sin funciones, el Gobierno se ha decantado por la vía impositiva para no erosionar su capital político.

La reforma ha encontrado un amplio rechazo no sólo en círculos empresariales y políticos, sino hasta en gente del propio Gobierno. La oposición más estridente ha sido la del asesor industrial del Poder Ejecutivo, Antonio Isa Conde, quien indicó que para solventar el déficit en la generación de energía debe comenzarse por la eliminación de los subsidios y eficientizar los cobros por el servicio.

Como para completar mejor la idea, el funcionario agregó que una buena política fiscal tiene que soportarse sobre la base de estimular el desarrollo productivo, crear empleos, generar riquezas, un manejo presupuestario austero, un gasto público controlado y eliminar subsidios que definió de espejismo.

Puede darse por descontado que por más atenta que esté a los procesos contra Figueroa Agosto y los implicados en la red que se le atribuye, la población recibirá como un duro latigazo los efectos del aumento en los impuestos a los carburantes que, bajo el burlón eufemismo de indexación, ha anunciado el Gobierno para resarcir el derroche en las elecciones.