La muerte a balazos de un chofer el martes en el sector Los Tres Ojos durante una confrontación por unas guaguas forma parte del desorden y la intimidación que ha caracterizado el transporte público, un servicio controlado por empresas que se rigen más por la fuerza que por las leyes.
El suceso en que cayó abatido José Manuel Ramos Genao constituye otro llamado de alerta frente al pandillismo de choferes que, además de cobrar numerosas víctimas en líos por rutas o por conflictos de intereses, ha protagonizado desórdenes mayúsculos en el transporte de pasajeros.
La permisividad de los gobiernos es lo que ha propiciado que conflictos que deben dirimirse en los tribunales, como el que se dice tenía Ramos Genao con la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción (Fenatrano), tengan un desenlace luctuoso, conmovedor.
Conforme a las versiones, el suceso ocurrió a eso de las 5:30 de la tarde cuando unos 15 hombres armados a bordo de dos minibuses y una grúa trataban de remolcar unas guaguas que Fenatrano había incautado al chofer ultimado por un conflicto judicial que sostenían desde hacía tiempo.
Las amenazas de muerte de supuestos allegados a Fenatrano que el 24 de mayo había denunciado Ramos Genao a través de El Nacional obligan a las autoridades a profundizar las investigaciones. Declaró que las presiones fueron la repuesta a los reclamos que hizo con otros choferes para que les indemnizaran por el trabajo en varias rutas y les concedieran los beneficios correspondientes de la Cooperativa Ozama, que administra la empresa del transporte.
Pero la causa, cualquiera que fuera, sólo ratifica la violencia, la intimidación y el desprecio por las leyes y el orden que ha caracterizado el negocio del transporte de pasajeros. Son frecuentes las riñas con saldos fatales entre supuestos sindicatos o choferes que se disputan alguna ruta o un transeúnte.
No basta con capturar y someter a la justicia a los implicados en la muerte de Ramos Genao. Ya que no se atreven a regular el sistema de transporte conforme a las necesidades de los usuarios, deben por lo menos las autoridades enfrentar el pandillismo que suele caracterizar un servicio que, sin necesidad de mayores detalles, resulta peligroso.

