Con el acuerdo firmado ayer entre la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la generadora AES Dominicana para la inversión conjunta de 800 millones de dólares en la construcción de una planta a carbón de 300 megavatios, se inicia el nuevo ciclo de acciones públicas que procura conjurar la grave y añeja crisis del subsector eléctrico.

Se define como muy positivo que el sector privado ya involucrado en la industria eléctrica se anime a participar en nuevos programas de incremento y diversificación de la matriz energética, pues desde hace mucho tiempo la inversión en ese sector fue casi insignificante, lo que agravó el déficit en la generación de electricidad.

La nueva planta se construiría en terreno del parque Itabo operado mediante el sistema de capitalización aplicado por el Estado hace más de una década, mediante el cual el sector privado administra unidades generadoras que antes eran operadas por el ente oficial, por lo que falta saber si la nueva instalación operaría con los mismos parámetros.

El Gobierno ha anunciado la construcción de otras plantas con inversión única estatal o a través de la Refinería Dominicana de Petróleo, de la cual el Gobierno venezolano posee el 49 por ciento de las acciones, lo que hace suponer que la demanda de generación eléctrica quedaría totalmente suplida a fines de 2016.

Otros componentes que agravan la crisis eléctrica, como los contratos y acuerdos rubricados con empresas generadoras, definidos como lesivos al interés nacional, estarían pendientes de revisión, más aun si las previsibles nuevas fuentes de energía a base de gas natural y carbón, impactarían en la reducción del precio del kilovatio.

Es por eso que el Gobierno debería precisar si las gestiones para concertar un Pacto Eléctrico incluyen modificar obsoletos contratos, tanto en el ámbito de la capitalización como en los suscritos con productores independientes, la mayoría de los cuales se enmarcan en el calificativo de viles.

Se requiere saber, por ejemplo, si en la nueva alianza CDEEE-AES, prevalecerá la subordinación estatal en los consejos de administración de empresas generadoras de electricidad, donde el interés público está representado apenas por un vocal sin derecho a voto.

Se aplaude que los sectores público y privado mancomunen esfuerzos en la tarea de conjurar la crisis del sector eléctrico que constituye el principal obstáculo al despegue definitivo del desarrollo nacional, pero, si no es mucho pedir, se sugiere que el Estado recupere total liderazgo en el reencauzamiento de la industria eléctrica.