El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha significado estabilidad macroeconómica, pero sus efectos secundarios malogran la capacidad adquisitiva de la clase media y agravan la situación de pobreza, vulnerabilidad e indigencia de millones de dominicanos, por lo que el Gobierno está compelido a oxigenar esos compartimientos sociales sofocados por la estrechez de circulante.

Con la aprobación del Directorio del FMI a la continuidad de ese convenio, el Gobierno tiene previsto recibir en lo que resta de año unos mil cien millones de dólares, más US$500 millones de bonos soberanos y 32 mil millones de pesos en bonos internos, recursos que garantizarían controlar el déficit fiscal en la franja de 1.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), como exige el Fondo.

El presidente Leonel Fernández prometió que esos recursos serían usados básicamente para incrementar la producción agrícola, reforzar el Plan Social de la Presidencia, ampliar el programa Barrio Seguro, los Comedores Económicos y las plazas agropecuarias, además de concluir un conjunto de obras de infraestructura, reconstrucción de caminos vecinales y programa de asfaltado.

Hay razones para temer que buena parte de esas promesas se conviertan en sal y agua si los recursos van a parar a manos de funcionarios insensibles para quienes sus intereses y los de los suyos priman sobre el bien común, por lo que se requiere que se levanten por todas partes antenas de monitoreo.

Se confía plenamente en que el Ministerio de Hacienda realizará una distribución racional y justa de los siete mil millones de pesos aprobados en bonos por el Congreso para pagar deudas con suplidores del Estado, dinero que podría impactar favorablemente en la economía si se redimen compromisos con medianas y pequeñas empresas hoy virtualmente quebradas por impago gubernamental.

Otra ley de bonos por 25 mil millones de pesos destinados a apoyo presupuestal debería estar dirigida a mitigar sufrimientos de una amplia franja poblacional a la que la inflación ha impactado de manera devastadora, por lo que se requiere una ampliación de los programas del Inespre, Plan Social y Comedores Populares sin el menor contagio de politiquería.

El agobiante desempleo en anaqueles bajos de la sociedad podría mitigarse si se emplea mano de obra nacional de manera masiva en las prometidas construcciones o reparaciones de carreteras, caminos vecinales y escuelas, como también en la preparación de tierras cultivables, distribución de semillas y plántulas y ayuda directa a ganaderos y productores avícolas.

Una población asfixiada por tan severa crisis económica, cuya receta aplicada por el FMI ha sido tan terrible como la misma enfermedad, requiere y reclama hoy del presidente Fernández, no que realice el milagro divino de multiplicar peces y panes, sino que garantice distribuir en la población la migaja recibida de forma justa, sin que un solo centavo se desvíe ni se incurra en la menor injusticia.