SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General de la República informó hoy que investigará la denuncia de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) y de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), sobre una supuesta mafia en la venta de los combustibles en connivencia con funcionarios.

El organismo representante del Ministerio Público explicó hoy que la denuncia será investigada con apego al debido proceso, como lo establecen la Constitución y la normativa procesal.

“Al igual que como se ha hecho con todas las denuncias y requerimientos que hemos recibido en las dependencias del Ministerio Público, esa denuncia será debidamente atendida e investigada siempre en apego al debido proceso, tal como lo establecen el Código Procesal Penal y la Constitución de la República”, reaccionó la Procuraduría ante la solicitud en ese sentido hecha por Industria y Comercio.

La Procuraduría aseguró que todas las denuncias que se hacen, hasta en las fiscalías más distantes de la capital, el organismo investigador le da curso cumpliendo con los requerimientos de conformidad con el debido proceso y en cumplimiento de las garantías fundamentales de la Constitución y el Código Procesal Penal.

Denuncia

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes solicitó ayer al procurador general de la República investigar la denuncia de Anadegas y Fenatrano sobre una alegada mafia en la venta de combustibles con la supuesta connivencia de funcionarios del gobierno y específicamente del MICM.

La petición está contenida en una instancia depositada la tarde de este miércoles en la Procuraduría General, suscrita por el ministro Nelson Toca Simó, y César Avilés Coste, consultor jurídico del referido ministerio.

“Mediante la presente instancia y en virtud de las disposiciones legales contenidas en los artículos 29, 30, 259, 260, 262, 263, 264 y 265 del Código Procesal Penal, tienen a bien solicitar de manera formal a esa Procuraduría General de la República, dar inicio a una investigación en relación con los supuestos hechos denunciados por los señores Arnulfo Rivas, presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas); Juan Ignacio Espaillat Taveras, ex presidente de Anadegas; (y) Juan Hubieres, presidente de la Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano)”, dice la carta de Industria y Comercio.

Toca Simó y Avilés Coste solicitan al Procurador designar los fiscales investigadores, así como los peritos y técnicos necesarios para levantar la investigación a “profundidad” de los hechos denunciados.

De igual manera piden “convocar a los denunciantes Arnulfo Rivas, Juan Ignacio Espaillat Taveras y Juan Hubieres, a los fines de que aporten al Ministerio Público en el curso de la investigación, los datos, informaciones, pruebas de que dispongan sobre las denuncias realizadas”.

Anadegas y Fenatrano denunciaron la existencia de una mafia que vende combustibles “ilegales”, producto del contrabando, apoyada por funcionarios.

UN APUNTE:

Emplaza
Ante la denuncia, el MICM había emplazado a Anadegas y sus directivos mediante acto de alguacil para que identificaran los funcionarios, personas y sectores que alegadamente estarían autorizando o tolerando el contrabando de combustibles, y para que presentaran las supuestas pruebas que sustentan sus denuncias de las acciones fraudulentas.