Organizaciones ambientalistas solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que gestione ante el Gobierno dominicano la ejecución del plan de cierre gradual de las plantas a carbón que operan en el país.

La petición fue presentada por el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, (CNLCC), y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, (INSAPROMA), durante una audiencia celebrada este martes 10 de marzo en Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Las entidades recordaron que el plan de cierre de todas las plantas de carbón del país fue acordado el 15 de noviembre de 2024 por el Gobierno dominicano, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y el Fondo Internacional del Clima(CIF).

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Según explicaron, el acuerdo contempla el cierre de la planta Barahona Carbón para el año 2027, las plantas de Itabo para 2028 y las dos unidades de Punta Catalina durante la década del 2030.

La delegación dominicana integrada por Euren Cueva Medina y Jorge Lizardo Vélez, director ejecutivo y vicepresidente de INSAPROMA, reclamó que el país establezca un marco normativo específico que regule el cierre de Punta Catalina y de las demás plantas de carbón.

Indicaron que, como parte de ese compromiso, el Gobierno dominicano recibió US$150 millones destinados a realizar los estudios necesarios para ejecutar el proceso de cierre de estas plantas.

Las organizaciones señalaron además que el Banco Interamericano de Desarrollo se comprometió a aportar financiamiento para proyectos de energías renovables que permitan sustituir la electricidad generada con carbón.

Financiamiento

Sostuvieron que los US$1,750 millones que el BID financia actualmente para dos plantas de 860 megavatios a base de gas natural licuado en Manzanillo, provincia Montecristi, se relacionan con ese acuerdo.

No obstante, indicaron que el proyecto se ha desviado hacia el uso de otro combustible fósil, como el gas natural.

Las entidades también recordaron que el 6 de diciembre de 2023 el Estado dominicano se incorporó al Powering Past Coal Alliance, PPCA, alianza internacional liderada por Reino Unido y Canadá que promueve el abandono del carbón para la generación eléctrica.

Explicaron que con esa adhesión el país se comprometió a no construir nuevas plantas de carbón y a abandonar de manera definitiva el uso de ese combustible para producir electricidad.

Reclaman marco legal para cerrar plantas

Norma jurídica

Las entidades reclamaron que se adopte una norma jurídica interna que establezca fechas, etapas y metas verificables para la salida progresiva del carbón antes del año 2039.

Sostienen que normativa debe incluir mecanismos de rendición de cuentas, indicadores de cumplimiento y la participación efectiva de la sociedad civil y de las comunidades afectadas.

Las entidades denunciaron además ante el organismo internacional la supuesta oposición del Gobierno dominicano a crear espacios de diálogo y participación para analizar los impactos de Punta Catalina y definir el plan de cierre de las plantas de carbón.

Las organizaciones plantearon que el cierre de las plantas de carbón debe ir acompañado de un régimen claro de responsabilidades y garantías financieras.

Señalaron que también se debe contemplar la remediación ambiental, la reparación integral y la indemnización de los daños ocasionados por el carbón en las comunidades donde han operado estas instalaciones.

Asimismo,¨los ambientalistas propusieron fortalecer los estándares ambientales y armonizar la regulación nacional con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en materia de calidad del aire.

Sobre derechos humanos

Las organizaciones dominicanas participaron hoy en una audiencia regional sobre la situación de los derechos humanos frente a la extracción de combustibles fósiles en América Latina y el Caribe. En el encuentro también participaron organizaciones de Ecuador, Colombia y Chile, entre ellas la Nacionalidad Waorani del Ecuador, la Plataforma La Guajira le Habla al País de Colombia, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA, y comunidades de Tocopilla y Quintero-Puchuncaví.