Carlos Piccini Núñez, con camisa en el Palacio de Justicia en Ciudad Nueva.
SANTO DOMINGO.- La defensa del coronel Carlos Piccini Núñez, uno de los imputados por los sobornos de 3.5 millones de dólares que admitió haber pagado la Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.(Embrar) para lograr la compra por el Gobierno dominicano de ocho aviones Super Tucano, declaró hoy que los presidentes del Senado, Reinaldo Pared Përez, y de la Comisión de Hacienda de ese órgano legislativo, Tommy Galán, deberían ser imputados por el caso.
El abogado Alejandro Tejada afirmó que éstos fueron quienes presidieron la comisión que estudió el proyecto para la aprobación del préstamo para tales fines, por lo cual entiende que también deberían ser procesados.
“Sí el procurador sostiene que Piccini recibió esos valores y que sobornó en el Senado para que se apruebe, esos senadores debieron de estar purgando la misma prisión”, declaró.
Tejada consideró que Piccini ha sido utilizado como chivo expiatorio, al sostener que no fue quien recibió los valores entregados por Embraer ni aprobó el contrato.
“Sí se aprobó el contrato, y fue en base a un soborno, entonces el presidente del Senado, que conoció y puso en agenda la aprobación de ese contrato, debía estar con la misma acusación, y Tommy Galán, quien en su condición de presidente de la Comisión de Hacienda fue quien estudió el préstamo para financiar la compra de los aviones. Esas personas deberían estar procesadas con Carlos Piccini”, reclamó.
El abogado habló esta mañana en el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde se conocerá hoy la revisión obligatoria a la medida de coerción a Piccini Núñez, quien entonces se desempeñaba como director de proyectos especiales de la Fuerza Área Dominicana, informaron medios brasileños.
En República Dominicana Embraer fue condenada mediante un acuerdo penal abreviado al pago de US$7,040,000.00 al Estado a través de la Procuraduría General de la República, así como a entregar nuevos elementos de prueba para el proceso que se inició en el año 2016.
Los imputados en el caso son el exsecretario de las Fuerzas Armadas, general Pedro Rafael Peña Antonio; el suspendido coronel, Carlos Piccini Núñez, y los empresarios Daniel Aquino Hernández, Daniel Aquino Méndez e Ysrael Abreu Rosario, y el notario Félix del Orbe Berroa, así como las empresas Magycorp, S.R.L., y 4D Business Group por soborno y lavado de activos.
