
Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia, expuso el plan ayer junto a otros funcionarios en el Palacio Nacional.
Para cumplir con el Plan Nacional de Viviendas “Familia Feliz”, explicado de manera formal ayer en el Palacio Nacional por el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, y otros funcionarios, las empresas que participen en el proyecto deberían construir un promedio de 48.1 viviendas diariamente durante los 1,287 días que restan a la actual administración.
Esta meta sería difícil si el Gobierno no cumple con una serie de condiciones que demandan los inversionistas privados, de acuerdo al presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (Codia), Francisco Marte Rodríguez.
El presidente Adinader, cuando hizo el anuncio del plan viviendas el 13 de enero pasado, dijo que cada vivienda tendría un costo para el adquiriente de entre RD$800 mil y RD$4.5 millones.
En el primer año de ejecución, de acuerdo al plan oficial (esta lleva seis meses) serían construidas unas 11 mil viviendas y otras 17 mil anuales en tres años siguientes.
Buenas expectativas
Para el presidente del Codia, el ambicioso plan gubernamental siembra buenas expectativas para dinamizar la economía y generar empleos en medio de la pandemia de covid-19, y en especial al sector construcción, que incluye empresas constructoras, ingenieros de todas las ramas, maestros constructores independientes, plomeros, electricistas, bancos y entidades financieras.
Entrevistado por El Nacional, Francisco Marte Rodríguez opinó que el referido plan de construir 62 mil viviendas en lo que resta de gestión de Abinader, podría ser posible, siempre que el Gobierno cree las condiciones para que se pueda cumplir y las condiciones climáticas lo permitan.
Citó entre estas condiciones la debida planificación junto al sector privado; garantizar, avalar y facilitar el financiamiento a tasas especiales para los constructores; la estabilidad en los precios de los materiales y componentes de la construcción y de la inflación, debido a la altos costos e inestabilidad que presentan en la actualidad; identificación y solución jurídica de los terrenos públicos y privados; facilitar los trámites burocráticos, como ha prometido el presidente Abinader, en las instituciones estatales para viabilizar los proyectos presentados y evitar los traumas de personeros que surgen en los procesos que pueden conducir a la corrupción.
“Si todos estos elementos se toman en cuenta y se cumplen, el Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz que se han planteado al país el presidente Luis Abinader y sus funcionarios, el proyecto se cumpliría en el tiempo establecido”, aseguró el presidente del Codia.
Reveló que a la dirigencia nacional del Codia el Plan le fue expuesto con amplios detalles por el viceministro del Gabinete Social de la Presidencia, Jaime González, y el ingeniero Samuel Kury, quien lo entregaron en diseño Power Point, para estimularlos a participar en el mismo.
Nada nuevo
Sin embargo, Marte Rodríguez sostuvo que el plan estatal, aunque es bueno para que la economía se dinamice, debido a que ha sido muy afectada por la pandemia del coronavirus SARS-COV-2, que ha generado la mortal enfermedad de covid-19, no es nada nuevo para el país, ya que en anteriores gobiernos, desde los 12 años de Joaquín Balaguer, han emprendido planes de viviendas sin que se hayan cumplido las metas.
Citando los casos de la ciudad Juan Bosch e Invivienda, tanto en la capital como en Santiago, así como otros comenzados por el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), Bienes Nacionales (BN) y otras entidades.
Diferencia de planes y costos
Marte Rodríguez expresó que con el nuevo plan de viviendas hay una diferencia con respecto a los anteriores impulsados por el Estado, ya que el ejecutor principal será el sector privado, que se ha comprometido con las infraestructuras de servicios para evitar atrasos en las construcciones y problemas de aumentos de costos que son frecuentes en los proyectos gubernamentales, por atrasos en los pagos.
Manifestó que con el plan presentado el Gobierno se ha comprometido a identificar los terrenos públicos y privados para su ejecución y, según se adelantó, esto se ha logrado en Santiago y en la provincia del Gran Santo Domingo e igual se hará en todo el país.
Los costos
Según los costos por viviendas, de 800 mil pesos para las personas con salarios mínimos menores, pagarían menos de 4 mil pesos mensual; de 1.4 millones de pesos para familias con ingresos de 26 mil pesos, y viviendas con un valor de hasta 4.5 millones para familias con ingresos de 90 mil pesos.
El Gobierno se ha comprometido a entregar un bono de inicial a los adquirientes que ha denominado Bono Inicial Familiar y un Bono Tasa para los financiamientos.
Francisco Marte
Por: Rafael Tomás Jaime
rtjaime@gmail.com