El Congreso se ha convertido en el muro de lamentos de instituciones del Estado, cuyos magros presupuestos serían reducidos en un 12 por ciento conforme a una exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), para que el Gobierno disponga de un ahorro de 10 a 12 mil millones de pesos para ser transferidos al sector eléctrico.

La Junta Central Electoral (JCE) ha advertido que ese porcentaje de descuento significaría una reducción de 159 millones en su presupuesto de 2011 lo que causaría trastornos al proceso de organización y montaje de las elecciones presidenciales programadas para el 20 de mayo de 2012.

Además, ese recorte afectaría todos los servicios que ofrece la JCE relacionados con el Registro Civil, incluido expedición de actas de nacimiento y provisión de cédula de identidad personal a residentes en el país y en el exterior.

Por su lado, la Federación de Municipios (Fedomudo) ha advertido que la reducción de un 12 por ciento en los presupuestos municipales decretaría la quiebra de los cabildos y, por consiguiente, el desplome de todos sus servicios, especialmente los relacionados con recogida de basura.

Ya antes, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Subero Isa, puso el grito al cielo al enterarse de que el Poder Judicial estaría incluido en la lista de recorte presupuestario, aunque desde el Poder Ejecutivo hubo promesa de que la tormenta no llegaría a los estrados judiciales.

La verdad es que todas las instituciones estatales, incluidas dependencias descentralizadas, sufrirán desmonte presupuestal, con excepción -se ha dicho- de Educación, Salud, Justicia y área social, lo que significa una sensible baja en la capacidad, potencialidad y eficiencia de los servicios públicos.

Lo penoso de todo esto es que el ahorro que representa ese sacrificio -de unos 12 mil millones de pesos- irá a parar a un barril sin fondo -el sector eléctrico- que se ha tragado más de cuatro mil millones de dólares en siete años.

En efecto, aunque el Gobierno presentó dispensa por no poder cumplir el compromiso de reducir las transferencias presupuestarias destinadas a solventar déficits de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), tendrá que buscar de donde no hay 350 millones de dólares adicionales para completar los 700 millones requeridos por el subsector eléctrico.

La población, que sufre los interminables apagones y deficiencia de una industria deficiente y oligopólica, tendrá que pagar 12 mil millones de pesos adicionales para que empresas generadoras reporten mayor rentabilidad a base de prácticas desleales de comercio.