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Policía justifica acción contra campamento frente al Congreso

Policía justifica acción contra campamento frente al Congreso


La Policía justificó este martes el desmantelamiento de las carpas instaladas frente al edificio del Congreso Nacional por un grupo de feministas que demandan la inclusión de las tres causales del aborto en el proyecto de Código Penal, porque violaban el toque de queda y no tenían permiso para acampada.

El vocero de la Policía, coronel Miguel Balbuena Álvarez, argumentó que las feministas incumplieron el protocolo de prevención del coronavirus y carecían del permiso correspondiente para instalarse en el lugar, en horario de toque de queda.

En tanto que la versión policial fue desmentida por la expresidenta de la Asociación Dominicana de Profesores y dirigente de izquierda, María Teresa Cabrera, quien afirmó que “habíamos acordado con la Policía que no serían destruidas las tiendas de campañas”.

Rechazan agresión


La medida de la Policía provocó el rechazo inmediato de diferentes sectores de la ciudadanía, incluyendo a la primera dama de la República, Raquel Arbaje, quien afirmó que el Gobierno está atento al hecho y que el vídeo puesto a circular en las redes sociales, donde se observa la acción policial fue enviado a las autoridades superiores.

La crítica más fuerte la hizo la viceministra administrativa de la Presidencia, Lidia Leticia Jorge Mera, quien afirmó que la agresión policial es una “vergüenza”, propia de un Estado opresor.

”El coronel Eddy Bienvenido Manzueta hizo galas de su hombría de barrio”, expresó la periodista Altagracia Salazar, refiriéndose al comandante de la tropa que protagonizó el desalojo.

El contingente policial llegó a la 1:00 de la madrugada al lugar y, sin mediar palabras, empezaron a desmantelar la tienda de campaña, usando cuchillos para romper las carpas.

“Vinieron a quitarnos las casas de campaña, nos tiraron bombas lacrimógenas y rompieron las carpas con cuchillos, con nosotras adentro”, narró la periodista y activista feminista Natalia Mármol.

Desde el 11 de marzo de este año, las feministas instalaron, también, un campamento en las inmediaciones del Palacio Nacional, en su lucha porque el Congreso Nacional escuche su posición.

La Cámara de Diputados iniciará hoy el conocimiento del Código Penal y se espera su aprobación para el jueves.


Una cobardía
María Teresa Cabrera definió la acción policial como una cobardía la agresión policial contra mujeres indefensas que “no hacían más que llamar la atención de los legisladores sobre su demanda”.

“Ni siquiera dieron tiempo a que las mujeres sacaran sus cosas. Fue un verdadero abuso, un acto de cobardía”, manifestó.

La dirigente política y activista feminista agregó que “nosotras estamos ejerciendo un derecho, no estamos violando ninguna ley al colocarnos en la parte frontal del Congreso Nacional para exigir que los diputados incluyan las tres causales del aborto en el Código Penal”.


Cámara de Diputados

En un comunicado emitido a media mañana, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, condenó enérgicamente la actitud de la Policía contra las personas que “pacíficamente” se instalaron para protestar frente a la sede legislativa.

«No somos partidarios de que, por diferencias ideológicas o de cualquier otro tipo se maltrate a ningún tipo de persona que, reitero, tienen todo tipo de derecho de manifestarse en orden y abiertamente”, expresó el congresista del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Pacheco dijo que reconoce que la Policía debe resguardar los bienes públicos, “pero hacerlo dentro del marco de lo que establece nuestra Constitución y preservando los derechos de los ciudadanos de la República Dominicana».

Las tres causales
Las mujeres que protestan frente al Palacio Nacional y el Congreso reclaman la despenalización del aborto cuando la vida de la madre corre peligro, si el embarazo es producto de una violación o incesto y cuando el feto presenta deformaciones que le impedirían sobrevivir después del parto.

República Dominicana es uno de los seis países de América Latina que mantiene una prohibición total del aborto.

Los cinco restantes son El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y Surinan.
El proyecto de Código Penal que conocen los congresistas nacionales prevé la despenaluización del aborto solo cuando la vida de la madre corre peligro.

Las feministas del país pidieron ayer a los legisladores que aprueben un informe disidente de esa pieza, elaborada por un grupo de diputados, que propone que la pieza incluya las tres causales.

La posición de las feministas es rechazada por los representantes de las iglesias católica y evangélicas y otros sectores nacionales.

El presidente Luis Abinader propuso ayer la celebración de un referendum para que sea el pueblo dominicano que decida.

Pilar Moreno