La sociedad y la familia en particular deberían poner atención al señalamiento que ha hecho el procurador general de la República, de que en el país operan grupos o personas dedicados a la pornografía infantil, contra quienes las autoridades tienen que ser drásticas, fuertes e intolerantes.
En el Primer Congreso Internacional de Combate contra la Pornografía Infantil Online, Francisco Domínguez Brito contó la historia del sacerdote polaco Wojciech Alberto Gil, condenado a siete años de prisión en su país por la violación de un grupo de niños en la comunidad de Juncalito, Santiago.
El procurador general reveló que ese cura católico formaba parte de una red de pornografía infantil a la que suministraba fotos de los niños que agredía sexualmente, acción repugnante, cuya reedición debe evitarse mediante la acción preventiva conjunta del Ministerio Público, familia y sociedad.
El Congreso, que concluye hoy, cuenta con los auspicios del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, y está dirigido a jueces, fiscales, policías, Instituto de Ciencias Forenses y al Consejo para la Niñez y Adolescencia (Conani), así como a otras instituciones relacionadas con la protección de los menores.
La pornografía infantil es un crimen que se ha extendido por todo el mundo a través de la Internet, con reportes de casos sobre violación, secuestro y asesinato de niños y niñas, que han conmocionado a naciones desarrolladas y países emergentes.
La Policía Turística, cuyas autoridades participan en el referido seminario, esta compelida a impedir la prostitución infantil que con frecuencia se denuncia su práctica en prostíbulos disfrazados de centros de promoción del turismo en diversas zonas del país.
Se sabe que reconocidos pederastas provenientes de todo el mundo vienen a República Dominicana a ejercer o promover la prostitución y pornografía infantil, por lo que se requiere que fiscales y jueces apliquen penas severas cada vez que se compruebe que un antisocial nativo o extranjero ha incurrido en ese deleznable crimen.
La Constitución de la República ha delegado en el Ministerio Público el sacrosanto rol de tutor de los menores, por lo que es su obligación prevenir, perseguir y gestionar ante la justicia ejemplares condenas de cárcel y reparación civil contra todo aquel que promueva pornografía infantil o abuse sexualmente de un menor.
El Nacional
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