En sus esfuerzos por justificar la cuestionada reforma tributaria, el Gobierno se ha enredado en pretextos de tal manera que ha atribuido al Fondo Monetario Internacional (FMI) una potestad injerencista, a contrapelo de la soberanía, sobre los asuntos nacionales.

La Constitución no establece en ningún artículo que se tengan que acatar como una orden o dictado las exigencias del FMI en materia de acuerdos comerciales. El organismo crediticio puede poner sus condiciones, como en efecto ha hecho, pero depende de las autoridades aceptarlas o rechazarlas.

Lo que pasa es que para persuadir al sector empresarial, aunque no sea el único que se haya opuesto ni tampoco el más afectado con el paquete fiscal, el Gobierno ha creído prudente escudarse en el pacto con el FMI. Olvida, sin embargo, que los hombres de empresa habían condicionado el acuerdo a que no se crearan nuevos impuestos.

La verdad es que el déficit fiscal, que en el primer trimestre de este año sobrepasó los 16 mil millones de pesos, había colocado a las autoridades en una encrucijada. Antes que someterse a un riguroso plan de austeridad, que implicaría un saneamiento del gasto público, y con las puertas cerradas para más préstamos, optó por el paquete fiscal que tanta roncha ha causado en la población.

El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, ha sido el más sensato al abordar las razones del impopular paquetazo, lo que en modo alguno lo justifica. Pero antes que andarse con tomaduras de pelo, admitió que el objetivo no es para destinar más recursos al sector educativo, sino para llevar el déficit al nivel acordado con el FMI.

Y evidenció la difícil disyuntiva en que está el Gobierno al señalar que el acuerdo con el FMI es fundamental para colocar en condiciones adecuadas los bonos por 500 millones de dólares consignados en el Presupuesto para este año. En el aire permanece la interrogante sobre los 9,500 millones de pesos que las autoridades dicen procurar y los 20 mil millones que según la oposición le aportará la reforma.

Los senadores oficialistas que han criticado la reforma impositiva pueden hacer importantes aportes para aliviar la carga a la población. Advertidos de que los impuestos no pueden cambiarse por préstamos, los congresistas darían un gran ejemplo en materia de reducir gastos si renuncian al barrilito y otros irritantes privilegios de que disfrutan.

En todo el vendaval lo más censurable es que se juegue con la soberanía al otorgar al FMI, por conveniencia o intereses políticos, una potestad injerencista. Si el organismo exigiera la reducción de gastos como parte del acuerdo, de seguro que la reacción hubiera sido otra.