Las principales cadenas de supermercados del país denuncian que los precios de las galletas importadas podrían registrar un aumento significativo en las próximas semanas si avanza la investigación que realiza la Comisión de Defensa Comercial (CDC) del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), para imponer un impuesto extraordinario —una salvaguarda— a la entrada de galletas dulces y saladas al país.

Alertaron que la medida, tal como está planteada, podría disparar el costo de este producto de consumo masivo, lo que afectaría directamente a los hogares dominicanos.

Fallas proceso
En un comunicado, las cadenas Centro Cuesta Nacional, Grupo Ramos, Hipermercados Olé y Bravo aseguran, además, que el proceso investigativo para esta medida presenta fallas profundas que violan el debido proceso, ya que no han recibido los documentos esenciales del expediente ni una definición clara del producto bajo análisis.

Esto, aseguran, los deja sin posibilidad real de defenderse o responder técnicamente a los requerimientos. Por esa razón solicitaron suspender el procedimiento hasta que se corrijan las irregularidades detectadas.

Las cadenas explicaron que la investigación se inició a solicitud de los fabricantes Molinos Modernos y Molinos Valle del Cibao. Sin embargo, afirman que la CDC no ha entregado estudios técnicos, anexos financieros ni evidencia del supuesto “daño grave” que alegan las industrias locales, lo cual contradice la Ley 1-02, que obliga a poner a disposición de las partes el expediente completo.

Estas dos empresas fabricantes controlan alrededor del 92% de la producción nacional de galletas, según señaló este lunes el economista Andrés Dauhajre hijo, en su artículo “Un galletazo al pueblo”.

En este caso, los supermercados advierten que la propuesta podría elevar los aranceles de importación de las galletas hasta un 87.1%.

Según Andrés Dauhajre hijo, un arancel de esa magnitud provocaría un alza inmediata de alrededor del 54% en el precio final de todas las galletas importadas. Esto impactaría directamente al consumidor, especialmente en un producto básico presente en la canasta diaria de millones de hogares dominicanos.

Según los supermercados, la falta de documentos no es un simple retraso administrativo. Afirman que el propio Departamento de Investigación de la CDC ha admitido que requiere aclaraciones adicionales de las empresas solicitantes, lo que confirma que el expediente está incompleto y no puede sustentar una medida comercial de alto impacto.

Otro punto crítico es que la CDC aún no ha delimitado con precisión qué productos investiga. El expediente solo menciona “galletas dulces y saladas de múltiples variedades”, aseguran que es una descripción demasiado amplia.

En Números

87 %
Impuesto
Supermercados y el economista Andrés Dauhajre señalan que los aranceles podría alcanzar esta cifra.