Complejo
Resulta muy extraño que el Tribunal Superior Electoral (TSE) decidiera ceder al Ministerio Público la investigación de las infracciones en los procesos proselitistas. A estas alturas del juego y con una entidad que se había mostrado tan celosa de sus atribuciones la medida, que contó con la disidencia del magistrado Marino Mendoza, deja mucho que desear. Mendoza estima que el reglamento contencioso que se aprobó viola la Constitución, choca con las funciones de otros tribunales y mutila su competencia.
Los alegatos que expone el juez de una corte que no inspira confianza en muchos sectores son dignos de ponderarse. Mendoza sostiene, no sin razón, que el TSE, es un tribunal autónomo, con personería jurídica y con independencia.
La decisión abre un amplio abanico de sospechas, pues tampoco ha de ignorarse que el Ministerio Público opera, por su dependencia del Poder Ejecutivo, como un órgano político. Con unas votaciones al doblar de la esquina, la decisión, a la que también se opuso el magistrado John Guiliani, torna más complejo el panorama.
El Nacional
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