En la batida declarada a la corrupción, la ley de extinción de dominio debe ser una prioridad. No basta con juzgar y condenar a desfalcadores y traficantes si las propiedades no son incautadas.

Pero además hay cuantiosos bienes que no se pueden justificar con ingresos ordinarios que tienen que transparentarse.

En la etapa en que está República Dominicana, en la que el presidente Luis Abinader ha proclamado y reiterado cero impunidad, el proyecto es una herramienta valiosísima para perseguir los bienes mal habidos.

La iniciativa del senador Antonio Taveras Guzmán, de recaudar un millón de firmas para impulsar la pieza, debe encontrar la más amplia acogida en los sectores que se identifican contra la corrupción en todas sus manifestaciones.

Indigna el recelo de los congresistas con el alcance de una ley que tiene tantos beneficios para el país.